Las protestas en Bolivia, que han estado en curso durante las últimas cinco semanas, han cobrado un alto costo humano, con al menos diez muertes confi
Las protestas en Bolivia, que han estado en curso durante las últimas cinco semanas, han cobrado un alto costo humano, con al menos diez muertes confirmadas hasta la fecha. Estas movilizaciones, lideradas por campesinos, trabajadores y seguidores del exmandatario Evo Morales, exigen la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz. El clima de tensión se ha intensificado con denuncias del Gobierno sobre una supuesta injerencia extranjera en los disturbios.
Entre las víctimas más recientes se encuentra una niña de 12 años que habitaba en Tambo Quemado, Oruro. La menor falleció mientras intentaba ser trasladada a La Paz para recibir radioterapia en el Hospital del Niño. Rubén Ticona, un voluntario de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil (Avcci), confirmó la trágica noticia y resaltó la gravedad de la situación sanitaria que enfrentan muchos pacientes oncológicos debido a los bloqueos.
En un caso similar, se reportó el fallecimiento de una mujer de 24 años que también necesitaba urgentemente un tratamiento de radioterapia. Su traslado desde Oruro a La Paz se vio frustrado por los cortes de carretera. La responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer en Oruro, Paola Navarro, explicó que la ambulancia tuvo que optar por rutas alternas debido a los bloqueos, lo que resultó fatal para la joven.
Además, un conductor de transporte pesado perdió la vida tras quedar atrapado durante 32 días en los bloqueos. Zulema Ramos, esposa del fallecido, relató cómo su marido había intentado desesperadamente llegar a La Paz tras haber viajado al exterior para importar mercadería. Sin embargo, se encontró con las restricciones impuestas por las protestas y terminó enfermo después de tantas semanas sin poder avanzar.
Estos tres nuevos fallecimientos se suman a los siete muertos reportados previamente por la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Este organismo ha señalado que varios de esos casos están relacionados con la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos. En un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se expresó preocupación por esta escalada en los conflictos sociales y se instó tanto al Gobierno como a los manifestantes a priorizar el diálogo como vía para resolver sus diferencias.
La CIDH también destacó que aunque la protesta social es un derecho legítimo, los bloqueos prolongados pueden tener consecuencias graves sobre otros derechos fundamentales. Mientras tanto, el canciller boliviano anunció que se está gestionando la salida inmediata del país de extranjeros involucrados en las protestas, lo cual considera evidencia de una injerencia externa destinada a desestabilizar la democracia boliviana.
Las manifestaciones han sido impulsadas principalmente por sectores campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB), quienes insisten en que su única demanda es la renuncia del presidente Paz. Los bloqueos han afectado gravemente siete de las nueve regiones del país, provocando escasez crítica de combustibles, alimentos y medicinas.
A pesar de los intentos fallidos del Gobierno para establecer corredores humanitarios y facilitar el paso de insumos básicos mediante intervenciones policiales y militares, estos esfuerzos han resultado en enfrentamientos violentos con los manifestantes. Las negociaciones promovidas por diversas instituciones como el Legislativo y la Iglesia católica tampoco han logrado avances significativos; los protestantes mantienen su posición intransigente respecto a la renuncia del mandatario.
En medio de esta crisis persistente, algunos sectores políticos han sugerido un referéndum revocatorio para decidir sobre la continuidad no solo del presidente Paz sino también del vicepresidente Edmand Lara. Sin embargo, Lara ha rechazado esta propuesta al considerarla anticonstitucional, cerrando así otra puerta a posibles soluciones pacíficas en este convulso panorama nacional.
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