Alcalde advierte cierre municipal por falta de recursos clave para la gestión

La administración municipal de Tarija se enfrenta a un desafío financiero que podría comprometer la adecuada conclusión del presente ejercicio fiscal. Ante esta situación, el gobierno local ha señalado la imperiosa necesidad de obtener recursos económicos adicionales y ha iniciado gestiones para solicitar su transferencia expedita por parte de la nueva gestión gubernamental.

Renán Castillo Méndez, secretario de Economía del municipio, detalló que la urgencia de este respaldo financiero radica en la considerable disminución de los ingresos propios de la entidad, sumada a una merma en las asignaciones provenientes del nivel central del Estado. La ausencia de estos fondos suplementarios, según el funcionario, representa un riesgo latente para el cierre administrativo y contable del periodo.

Actualmente, se están desarrollando conversaciones con el gobierno recién constituido con el objetivo de que se instruya a la cartera de Economía la asignación y el desembolso ágil de estos recursos hacia las entidades subnacionales. Esta petición se fundamenta en las proyecciones de fondos adicionales que se esperan por concepto de coparticipación.

En ejercicios fiscales anteriores, el municipio ha recibido históricamente alrededor de 20 millones de bolivianos por este concepto. Para el presente año, la expectativa es alcanzar una cifra similar, e incluso superarla, considerando la tendencia ascendente que ha mostrado la recaudación tributaria a nivel nacional. Estos fondos son considerados vitales para contribuir a la revitalización de la situación económica de los gobiernos municipales.

Las dificultades que complican el actual cierre de gestión son múltiples. La principal radica en la incapacidad de cumplir con las obligaciones de pago, producto de una drástica caída en los ingresos tributarios, particularmente los de origen propio. A esto se añaden los retrasos en las transferencias de fondos por parte del gobierno central. Esta combinación de factores ha generado una situación de iliquidez que impide a la administración local honrar sus compromisos económicos, reflejando una tensión financiera que se ha agudizado en el ámbito de las entidades públicas