En las primeras horas de este viernes, el Congreso de Perú aprobó la remoción de Dina Boluarte de la presidencia de la república. El cuerpo legislativ
En las primeras horas de este viernes, el Congreso de Perú aprobó la remoción de Dina Boluarte de la presidencia de la república. El cuerpo legislativo había convocado a la mandataria para que ejerciera su defensa de manera inmediata antes de proceder con el sufragio, una invitación que ella declinó, aduciendo que el procedimiento era inconstitucional. Su defensa legal manifestó que no convalidarían un proceso que consideraban violatorio de cualquier norma.
Tras una espera de veinte minutos y la ausencia de la presidenta, se procedió sin dilación a la votación, estimando que el día de debate previo había sido suficiente. La decisión de cesar a Boluarte fue unánime, con 118 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.
Acto seguido, José Jerí, quien fungía como presidente del Congreso, asumió la presidencia del país por sucesión constitucional. Su juramentación se produjo después de que una moción de censura presentada contra la mesa directiva que él encabezaba no prosperara. Al tomar posesión de la banda presidencial, Jerí declaró la necesidad de declararle la guerra al crimen, identificando a las bandas criminales en las calles como los principales adversarios, y prometió liderar un gobierno de reconciliación nacional. Su mandato se extenderá hasta las próximas elecciones, programadas para abril de 2026, con el traspaso presidencial fijado para el 28 de julio de ese año.
El proceso de destitución, calificado por algunos como expedito, se gestó a partir de cuatro propuestas de vacancia por permanente incapacidad moral de Boluarte. Estas iniciativas fueron aceptadas con un amplio respaldo, gracias al apoyo de partidos de derecha y el fujimorismo, formaciones que hasta entonces habían sido aliadas de la expresidenta. El procedimiento se activó el jueves por la mañana, impulsado por la bancada de Renovación Popular, partido liderado por el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
La crisis de violencia y criminalidad que azota al país sudamericano fue el telón de fondo de estas mociones. Un incidente particularmente grave, ocurrido apenas un día antes, fue el ataque sufrido por la popular orquesta de cumbia Agua Marina durante una presentación en un recinto militar en el distrito limeño de Chorrillos. Cuatro integrantes del grupo resultaron heridos de bala en el tórax y la pierna. Diversas fuerzas políticas habían demandado una respuesta contundente del gobierno ante la aparente impunidad con la que operan las bandas criminales dedicadas a la extorsión.
Propuestas de destitución anteriores no habían prosperado debido al respaldo de partidos conservadores y algunos sectores de izquierda. Sin embargo, en esta ocasión, la remoción fue respaldada por influyentes agrupaciones como Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, y Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, ambos líderes de derecha considerados posibles contendientes y con buenas proyecciones en las encuestas para los comicios de 2026. Durante el debate previo a la votación, una legisladora conservadora argumentó que la mandataria, ajena a la creciente extorsión y criminalidad, merecía ser apartada de su cargo.
Dina Boluarte había asumido la presidencia el 7 de diciembre de 2022, sucediendo a Pedro Castillo, quien fue detenido y acusado de un intento de golpe de Estado. Perú ha experimentado una marcada inestabilidad política, con hasta seis presidentes desde 2018, debido a destituciones o renuncias. Actualmente, tres exmandatarios se encuentran en prisión por casos de corrupción o abuso de poder.
José Jerí, el nuevo presidente interino, es un abogado limeño de 38 años. Afiliado al partido político Somos Perú desde 2013, actualmente ocupa la vicepresidencia de dicha formación. Fue elegido para el periodo parlamentario 2021-2026 tras la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra, quien había obtenido más votos que él. Como congresista, votó a favor de la destitución de Pedro Castillo en 2022. Su trayectoria política, no obstante, ha estado marcada por controversias, incluyendo investigaciones por denuncias de abuso sexual, aunque estos señalamientos fueron archivados por la fiscalía. También se le han atribuido presuntos actos de corrupción, acusaciones que él ha desestimado como campañas de desprestigio.
El ataque contra la agrupación musical Agua Marina, ocurrido la noche del miércoles en el Círculo Militar de Chorrillos, fue un punto de inflexión en la percepción pública sobre la violencia. Mientras los artistas se presentaban en el escenario, una ráfaga de disparos interrumpió la actuación. Testigos presenciales describieron cómo muchos confundieron inicialmente el sonido de los disparos con un cortocircuito. Videos compartidos en redes sociales mostraron cómo, segundos después, uno de los músicos herido era auxiliado en el escenario, mientras la banda se retiraba con gestos de dolor. Los asistentes, conscientes de lo sucedido, buscaron refugio en el suelo antes de desalojar el recinto.
El general de la Policía Nacional del Perú, Felipe Monroy, informó que las primeras indagaciones sugieren que el ataque fue perpetrado por dos individuos a bordo de una motocicleta en movimiento, desde terrenos adyacentes al lugar. En la escena se encontraron hasta 27 casquillos de bala, que el general Monroy identificó como proyectiles de pistola 9 milímetros Parabellum. Reportes médicos indicaron que César More y Wilson Ruiz, miembros de Agua Marina, atendidos en un centro sanitario, se encontraban estables y fuera de peligro mortal. Otro varón de 50 años fue atendido por una herida leve de proyectil de arma de fuego y dado de alta. La Policía reforzó la seguridad de las familias de los integrantes del grupo musical y activó un operativo especial en Lima, denominado Plan Cerco, para localizar a los responsables. A la espera de que la investigación confirme los motivos, todos los indicios apuntan a que el grupo musical habría sido blanco de las bandas criminales dedicadas a la extorsión, que han proliferado en Perú en los últimos años. Las encuestas reflejan que la delincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas, y la extorsión a negocios y empresas, en un tema recurrente de debate público
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