Arce denuncia fraude electoral segunda vuelta actores políticos reaccionan impactante revelación electoral

Una rápida sucesión de reacciones políticas se desató tras la denuncia pública realizada este miércoles por el presidente Luis Arce. El mandatario alertó sobre la existencia de un supuesto plan gestado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, presuntamente destinado a obstaculizar la realización de la segunda vuelta electoral. En este contexto, instó al Tribunal Supremo Electoral a convocar a una reunión con el fin de reafirmar el compromiso de todas las instancias del Estado para garantizar los comicios programados para el 19 de octubre.

El expresidente Evo Morales, a través de sus plataformas digitales, desmintió categóricamente las declaraciones de un senador relativas a un presunto acuerdo para destituir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y promover una extensión de mandatos constitucionales. Morales enfatizó que no existe ni existirá negociación alguna que atente contra la independencia del órgano electoral o el calendario democrático del país. Aseguró que la representación parlamentaria afín a su movimiento no avalará bajo ninguna circunstancia la prórroga de funciones de autoridad alguna. Subrayó que la soberanía popular se respeta en las urnas, no mediante pactos políticos que busquen manipular la voluntad ciudadana, aludiendo a quienes habrían pasado de apoyar al actual gobierno a impulsar divisiones. Reafirmó su compromiso absoluto con la democracia y la celebración del balotaje el 19 de octubre, destacando que Bolivia requiere certidumbre, apego a la ley y una resolución democrática de las diferencias políticas, en lugar de autoridades que pretendan extender ilegalmente sus prerrogativas.

Por su parte, el también expresidente Carlos Mesa expresó su categórico rechazo a una iniciativa que, según sus palabras, constituiría un golpe a la democracia. Se refirió al Proyecto de Ley 307/2024-2025, denominado “De Aplicación Gubernativa Electoral”, que se encuentra en consideración en la Cámara de Senadores. Mesa explicó que este proyecto buscaría la remoción de los vocales electorales, la suspensión del proceso electoral y la prolongación de los mandatos del Órgano Ejecutivo y Legislativo. El exmandatario hizo un llamado a los senadores de su alianza política para que defiendan con firmeza la institucionalidad democrática e impidan lo que calificó como una propuesta perjudicial que podría generar convulsión y caos en el país.

La Defensoría del Pueblo también manifestó su preocupación ante la alerta emitida por el Tribunal Supremo Electoral, que advertía sobre intentos de afectar la realización de la segunda vuelta electoral. La institución defensorial señaló que estos intentos se estarían materializando mediante la interposición de denuncias sin fundamento ante el Ministerio Público, con el objetivo de desconocer los resultados de las Elecciones Generales del 17 de agosto. En un comunicado, la Defensoría reafirmó que la única vía legítima para respetar la voluntad del pueblo boliviano y preservar la institucionalidad democrática es la celebración de la segunda vuelta electoral, conforme al calendario oficial del TSE. Advirtió que cualquier discurso o acción que pretenda obstaculizar, retrasar o poner en duda este proceso constituye una amenaza directa al derecho ciudadano al voto y al normal desenvolvimiento del sistema democrático. En este contexto, la Defensoría del Pueblo rechazó toda acción, sea jurídica, política o institucional, que tienda a perturbar la realización del balotaje. Consideró alarmante la pretensión de vincular situaciones ajenas al proceso electoral con su desarrollo, generando desinformación y confusión en la opinión pública.

Finalmente, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, utilizó sus redes sociales para expresar un rechazo contundente a lo que describió como un nuevo intento de la fuerza política gobernante de atentar contra la democracia. Según Camacho, esta acción se manifestaría en el intento de destituir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y, con ello, evitar la realización de una segunda vuelta. En su doble rol de gobernador y presidente de la alianza Creemos, hizo pública esta denuncia y convocó a todos los defensores del estado de derecho a mantenerse alertas ante lo que considera una amenaza directa al sistema democrático