Los gobernadores de los nueve departamentos del país se congregarán este viernes 4 de julio en la ciudad de Tarija para abordar la delicada situación
Los gobernadores de los nueve departamentos del país se congregarán este viernes 4 de julio en la ciudad de Tarija para abordar la delicada situación financiera que atraviesan las entidades autónomas. El encuentro se centrará en el impacto de la disminución de los ingresos económicos provenientes de las regalías hidrocarburíferas.
La coyuntura económica es cada vez más crítica, con algunas administraciones departamentales adeudando hasta seis meses de salarios a sus trabajadores. A esta compleja situación se suma la implementación de un nuevo débito por parte del gobierno central, destinado a la cancelación del bono de vacunación, una obligación que las autoridades regionales consideran de competencia nacional.
En el caso particular de Tarija, se registran débitos anuales que ascienden a aproximadamente 80 millones de bolivianos. Estos montos se destinan a cubrir compromisos adquiridos desde la época de las prefecturas, incluyendo bonificaciones a empleados, pagos prendarios y títulos de bachiller, entre otras responsabilidades. Las autoridades departamentales argumentan que estas obligaciones no se encuentran contempladas en la Ley Marco de Autonomías, y que el gobierno nacional recurre a un artículo de la Ley Financiera de 2005 para realizar estas deducciones de manera forzosa, obligando a las gobernaciones a destinar presupuesto para responsabilidades que no les corresponden.
Estos temas, junto con otras inquietudes, serán analizados durante la reunión nacional de gobernadores. Se espera que el encuentro culmine con la emisión de una posición unificada de todas las gobernaciones del país, la cual será remitida posteriormente a las autoridades del gobierno central.
En lo que respecta al presupuesto del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, la reducción de las regalías por la exportación de gas es drástica. Mientras que en 2015 se percibían 190 millones de bolivianos, los recursos para el presente año apenas alcanzan los 20 millones. A pesar de la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa Departamental que faculta la asignación de recursos económicos según la disponibilidad financiera —una medida considerada racional y en línea con la Ley Financiera nacional vigente—, el desequilibrio fiscal es notable. Para cumplir cabalmente con las más de 90 leyes departamentales, se requerirían alrededor de 400 millones de bolivianos, pero la gobernación dispone actualmente de solo 40 millones
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