La creciente preocupación por la minería ilegal en la región alta de Tarija ha llevado a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) a toma
La creciente preocupación por la minería ilegal en la región alta de Tarija ha llevado a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) a tomar medidas decisivas para regular esta actividad, que se estima opera en un 90% fuera del marco legal. El asambleísta Luis Sossa, representante de San Lorenzo, ha sido uno de los principales voceros de esta iniciativa, señalando que la explotación irregular no solo ocasiona graves daños ambientales, sino que también priva al departamento de ingresos cruciales para su desarrollo.
Sossa ha informado que la ALDT se encuentra en las fases iniciales de recopilación de información técnica y legal que respalde un proyecto de ley destinado a regular el sector minero. Este esfuerzo incluye la solicitud de documentación a empresas involucradas en actividades mineras y la programación de inspecciones en áreas donde se han recibido denuncias sobre posibles impactos negativos al medio ambiente.
El asambleísta expresó su inquietud sobre el estado actual de la minería en el departamento, enfatizando que la minería ilegal genera contaminación y una enorme fuga de recursos económicos. La situación es particularmente alarmante en la provincia Méndez y otras zonas altas, donde organizaciones sociales y autoridades han denunciado actividades mineras que amenazan cuencas hídricas y ecosistemas vitales.
El proyecto legislativo tiene como objetivo principal establecer un marco normativo claro que defina las áreas aptas para la explotación minera y aquellas que deben ser protegidas por su valor ambiental. Sossa subrayó la necesidad urgente de contar con reglas precisas: Hay lugares donde la actividad minera puede realizarse y otros donde definitivamente no, porque son reservas naturales o reservas hídricas.
Además, el legislador busca asegurar una distribución más equitativa de los beneficios derivados de la minería. La propuesta contempla que las regalías generadas por esta actividad lleguen primero a las provincias productoras antes de ser distribuidas al departamento y al nivel nacional. Cuando la explotación se realiza de manera ilegal, existe una fuga total de recursos, advirtió Sossa, quien enfatizó que es fundamental asegurar que las comunidades locales se beneficien adecuadamente.
Dentro del marco del proceso legislativo, se llevarán a cabo inspecciones en áreas críticas como la zona alta de la provincia Méndez y el área adyacente a la presa de Huacata. Estas visitas tienen como finalidad evaluar el estado actual de los proyectos mineros y su posible impacto en fuentes hídricas y áreas protegidas.
Es importante destacar que las denuncias sobre las actividades mineras clandestinas no solo han puesto en relieve los problemas ambientales generados por estas prácticas, sino también el impacto negativo en los ingresos del departamento. Las regalías no percibidas por las actividades ilegales son recursos vitales que podrían destinarse a proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en las regiones productoras.
En este contexto, el trabajo legislativo impulsado por Sossa y su equipo representa un paso significativo hacia una regulación efectiva del sector minero en Tarija, con miras a proteger el medio ambiente y garantizar beneficios económicos para las comunidades afectadas.
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