La situación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia se ha vuelto crítica, ya que, a más de siete meses de la posesión de los nuevos
La situación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia se ha vuelto crítica, ya que, a más de siete meses de la posesión de los nuevos diputados y senadores, aún no se ha convocado a elecciones para cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta demora ha generado preocupaciones entre los magistrados de ambas instituciones, quienes advierten que la falta de nombramientos está afectando gravemente la administración de justicia en el país.
Paola Prudencio, presidenta del TCP, expresó su inquietud al señalar que el cúmulo de causas acumuladas está siendo gestionado por solo cuatro magistrados, cuando la normativa constitucional establece que el tribunal debe contar con un total de nueve miembros. El retraso en el trabajo que debemos realizar es evidente. Las causas pendientes siguen aumentando y no podemos dar respuesta adecuada a la ciudadanía, manifestó Prudencio durante una reciente declaración.
Por su parte, Primo Martínez, magistrado del TSJ, coincidió con Prudencio en cuanto a las repercusiones negativas de esta situación. Destacó que la falta de personal suficiente en cada sala judicial obstaculiza el correcto funcionamiento del sistema judicial. El perjuicio es considerable porque no es lo mismo trabajar con un magistrado que con dos en cada sala, enfatizó Martínez, quien también hizo un llamado a la ALP para que tome medidas urgentes al respecto.
La legislación boliviana estipula que tanto el TCP como el TSJ deben estar integrados por nueve magistrados titulares, junto a sus respectivos suplentes. Sin embargo, las autoridades prorrogadas decidieron no completar la elección de todos los miembros del Poder Judicial durante el proceso electoral del 2024. Como resultado, solo se eligieron cuatro magistrados para el TCP y siete para el TSJ, dejando cinco y dos vacantes respectivamente.
Martínez reveló que han realizado múltiples gestiones para instar a la ALP a abordar este asunto crítico. Se han presentado notas y requerimientos a través de la Presidencia según lo estipulado por acuerdo de sala plena, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna, lamentó.
En este contexto, Prudencio recordó que la Constitución Política del Estado establece claramente que las autoridades del TCP y del TSJ deben ser elegidas mediante un proceso electoral. Han pasado ya siete meses desde nuestra última comunicación y seguimos esperando un pronunciamiento por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este es un tema institucional que tiene un impacto directo en la vida del pueblo boliviano, concluyó la presidenta del TCP.
La creciente acumulación de casos sin resolver y las acefalías en estas instancias judiciales subrayan una crisis dentro del sistema judicial boliviano que requiere atención urgente para garantizar el acceso a una justicia efectiva y oportuna para todos los ciudadanos.
COMMENTS