La Fiscalía de La Paz ha convocado a dos exfuncionarios del gobierno de Luis Arce para que comparezcan como testigos en una investigación relacionada
La Fiscalía de La Paz ha convocado a dos exfuncionarios del gobierno de Luis Arce para que comparezcan como testigos en una investigación relacionada con el caso de los bonos soberanos. Sergio Cusicanqui, quien se desempeñó como ministro de Planificación, y Juana Jiménez, exviceministra de Tesoro y Crédito Público, deberán presentarse el próximo jueves en las oficinas del Ministerio Público ubicadas en la calle Potosí.
El fiscal Anticorrupción Miguel Cardozo, encargado del caso, ha indicado que las declaraciones de ambos exfuncionarios serán fundamentales para determinar su situación legal. Cardozo explicó que la evaluación de sus testimonios, junto con la declaración previa del exministro de Economía Marcelo Montenegro, permitirá establecer el grado de responsabilidad que podrían asumir Cusicanqui y Jiménez en este asunto. Dependiendo de los resultados obtenidos, se decidirá si se amplía la investigación o si su papel se limita a ser testigos.
Montenegro ya compareció ante la Fiscalía el lunes, donde respondió a más de 47 preguntas formuladas por la comisión investigadora. Su declaración será analizada detenidamente para comprender mejor el contexto y los detalles del caso.
El Viceministerio de Transparencia ha estimado que el daño económico al Estado podría superar los 140 millones de dólares, cifra alarmante que resalta la gravedad del asunto. En este contexto, es importante señalar que varios miembros del antiguo directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) se encuentran actualmente bajo detención preventiva en la cárcel de San Pedro en La Paz debido a su implicación en esta investigación.
La trama se complica aún más al señalar que el daño se originó a través del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA), el cual estaba presidido por el expresidente del BCB y compuesto por otros directores. Este comité ha sido objeto de escrutinio debido a las decisiones tomadas durante sus sesiones, lo que ha llevado a una mayor atención mediática y pública sobre las prácticas financieras en el país.
El desarrollo de este caso pone en relieve no solo la importancia de la transparencia en la gestión pública, sino también las implicaciones legales que enfrentan aquellos que ocupan altos cargos gubernamentales. A medida que avanza la investigación, queda por ver cómo se desarrollarán las próximas audiencias y cuál será el impacto final en las personas implicadas y en la administración pública boliviana.
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