Luisa Nayar denuncia penalmente a Jhonny Fernández y exsecretaria de Salud por sobreprecio en compra de hospitales móviles

La presidente del Concejo Municipal, Luisa Nayar, ha dado un paso significativo al presentar una denuncia penal contra el exalcalde Jhonny Fernández y la exsecretaria de Salud, Amelunge, en relación con la adquisición de hospitales móviles que se realizó durante su gestión. El monto involucrado en esta irregularidad asciende a 2,8 millones de bolivianos, lo que ha despertado la atención de las autoridades y la ciudadanía.

Nayar, al formalizar la denuncia, destacó que los delitos en cuestión incluyen el incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Aseguró que esta acción busca poner fin a la impunidad que supuestamente disfrutaron Fernández y sus colaboradores gracias a un acuerdo previo con el Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmando que ahora se les acabó el carnaval. Esta declaración refleja un claro compromiso por parte de la actual administración municipal en luchar contra la corrupción y exigir responsabilidad a quienes ocuparon altos cargos públicos.

Además de solicitar a la Fiscalía Departamental que inicie una investigación exhaustiva sobre estas acusaciones, Nayar también pidió la emisión de una alerta migratoria para los dos implicados. Este mecanismo busca evitar que abandonen el país mientras se desarrolla el proceso judicial. “Esperemos que la Fiscalía actúe como corresponde”, subrayó Nayar, enfatizando la necesidad de una investigación transparente y rigurosa.

La denuncia surge tras revelaciones sobre irregularidades en la compra de cuatro hospitales móviles por parte del gobierno municipal saliente. Los hallazgos apuntan no solo al sobreprecio mencionado, sino también a otras anomalías en el proceso de adquisición. En este contexto, el alcalde actual Mamen Saavedra se ha sumado como parte querellante en esta causa penal, lo que indica un esfuerzo conjunto para abordar las presuntas irregularidades del pasado.

Con esta acción legal, se plantea solicitar la pena máxima de 10 años de prisión para Fernández y Amelunge si se determina su culpabilidad en los delitos imputados. La situación ha generado un clima de expectación entre los ciudadanos, quienes observan con atención cómo se desarrollará este caso y qué medidas tomará el sistema judicial ante las acusaciones formuladas por las autoridades municipales actuales.