Desde el inicio del año, las actividades relacionadas con el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3 (DMO X-3) se encuentran paralizadas, una situación
Desde el inicio del año, las actividades relacionadas con el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3 (DMO X-3) se encuentran paralizadas, una situación que ha generado gran expectación y controversia en torno a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. A partir del 17 de enero, la falta de consensos ha llevado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a suspender todas las operaciones planificadas, que incluían la construcción de caminos y planchadas, así como la perforación del pozo prevista para septiembre.
El futuro del DMO X-3 está actualmente en manos de la justicia agroambiental. Un recurso jurídico presentado por la Defensoría del Pueblo está en proceso de evaluación, lo que ha desatado un intenso debate sobre los posibles impactos ambientales de la iniciativa. Los defensores de Tariquía han reiterado su firme oposición a cualquier intento de reactivación del proyecto, argumentando que podría tener consecuencias devastadoras para uno de los ecosistemas más valiosos del departamento de Tarija.
YPFB había establecido un cronograma ambicioso para el desarrollo del DMO X-3, que incluía una inversión inicial de 61 millones de dólares y un plan que se extendía hasta 2027. Hasta finales de 2025, la compañía estatal había reportado avances significativos en diversas etapas administrativas y técnicas, como la obtención de licencias ambientales y la realización de estudios sobre el impacto ambiental. Sin embargo, el conflicto legal ha alterado drásticamente estos planes.
Uno de los hitos más importantes en este proceso judicial fue la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, que devolvió el caso al juez agroambiental Clever Marcelo Osorio en Entre Ríos. Esta medida significó un golpe a las aspiraciones del Gobierno por trasladar el conflicto a instancias superiores en Sucre, devolviendo así el control del caso a quien originalmente lo había conocido. Esta decisión ha sido recibida con esperanza por aquellos que se oponen al desarrollo hidrocarburífero dentro de la reserva.
La actual suspensión ha traído consigo una calma relativa entre las comunidades locales. Juan Mendoza, miembro del Comité de Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, expresó que esta pausa ha permitido reducir las tensiones históricas entre los residentes. Según Mendoza, desde que se implementaron las medidas judiciales, no ha habido presencia ni actividad por parte del personal de YPFB ni Petrobras en el área. Esta ausencia ha facilitado una convivencia más pacífica entre aquellos que apoyan y quienes rechazan la actividad hidrocarburífera.
Sin embargo, a pesar del respiro momentáneo que ofrece esta pausa judicial, los defensores mantienen una actitud cautelosa respecto al resultado final del proceso legal. Mendoza indicó que años de conflicto han alimentado una desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia. En experiencias pasadas relacionadas con recursos naturales y proyectos extractivos, muchas decisiones han favorecido los intereses gubernamentales en detrimento de las preocupaciones ambientales y comunitarias.
Por ello, Mendoza subrayó que su estrategia no dependerá únicamente del sistema judicial. Aseguró que están preparando mecanismos para responder ante cualquier intento potencial por parte de las empresas para reanudar sus operaciones en la región. Aunque no reveló detalles específicos sobre estas acciones futuras, enfatizó que se mantendrán vigilantes ante cualquier movimiento relacionado con el proyecto.
La oposición al DMO X-3 no se basa meramente en posturas políticas o ideológicas; es también una defensa apasionada por un ecosistema crucial para Tarija. Los activistas sostienen que Tariquía desempeña funciones vitales en términos ambientales, como regulación climática y conservación hídrica. Desde su perspectiva, los beneficios económicos derivados de la explotación hidrocarburífera no justifican los riesgos ambientales involucrados.
A medida que el caso regresa a Entre Ríos y el juez agroambiental se prepara para avanzar con el proceso, permanece incierto cuándo se tomará una decisión final sobre el futuro del proyecto Domo Oso X-3. Los defensores esperan que se respete rigurosamente la normativa ambiental y los principios fundamentales relacionados con áreas protegidas, incluidas las consultas previas necesarias antes de tomar cualquier decisión significativa respecto a este controvertido proyecto hidrocarburífero.
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