La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia ha planteado la necesidad urgente de un plan de emergencia destinado a reactivar la economía naciona
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia ha planteado la necesidad urgente de un plan de emergencia destinado a reactivar la economía nacional, en un contexto crítico marcado por el prolongado conflicto social que ha llevado a bloqueos de carreteras en diversas regiones del país. Según cálculos realizados por la CNI, aproximadamente 1,6 millones de personas se encuentran impactadas por estas medidas de protesta, que han provocado pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares. Este descontento social es impulsado principalmente por sectores que demandan la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Gonzalo Morales, presidente de la CNI, expresó su preocupación ante los medios al señalar que el plan propuesto es una respuesta concreta que será presentada al Gobierno. A pesar del cansancio que siente, un sentimiento compartido por muchos bolivianos en este momento crítico, Morales reafirmó su confianza en que el sector industrial aún posee la energía necesaria para contribuir a la reactivación económica.
La situación actual ha llevado a un agotamiento colectivo entre los ciudadanos bolivianos, quienes enfrentan no solo dificultades económicas, sino también problemas sociales derivados del desabastecimiento y la incertidumbre reinante. La región más afectada por las protestas es La Paz, donde viven alrededor de 3,1 millones de personas. Las principales ciudades, incluyendo la sede gubernamental y El Alto, son cruciales para el tránsito hacia el centro y este del país, así como para las conexiones internacionales con Perú y Chile.
El asesor de la CNI, Hugo Siles, destacó que más del 70% de las 13.000 industrias ubicadas en La Paz han tenido que paralizar o reducir su capacidad productiva. Esta situación ha generado un alto costo social con 1,6 millones de personas afectadas; un tercio de ellas se encuentran en condiciones críticas debido a la paralización de diversas actividades económicas. En total, los bloqueos han causado pérdidas significativas durante los 36 días transcurridos desde su inicio y han sido responsables de la muerte de 16 personas; entre ellas, 13 fallecieron debido a la falta de atención médica provocada por los cierres viales.
El plan emergente solicitado por los industriales incluye varias medidas clave para aliviar la crisis económica. Se propone establecer un programa de alivio económico y un fondo específico para reactivación. Asimismo, se sugiere lanzar una campaña destinada a promover el consumo de productos nacionales y avanzar hacia la aprobación de una ley sobre inversiones.
Entre las propuestas más urgentes se encuentran el diferimiento por 90 días del pago de impuestos programados para mayo y junio, así como la eliminación temporal de aranceles sobre materias primas e insumos necesarios para la producción. También se plantea suspender durante seis meses el pago de créditos bancarios y reducir las tasas de interés para el sector productivo.
Los industriales están solicitando un fondo equivalente a 13.000 millones de bolivianos (aproximadamente 1.300 millones de dólares) destinado a facilitar créditos al sector productivo y un bono directo para las familias afectadas—de 1.000 bolivianos (cerca de 100 dólares) para alrededor de 3,5 millones de personas.
Un economista asociado al sector advirtió que si no se implementan medidas efectivas para estimular tanto la economía como el consumo interno, Bolivia podría enfrentar una caída económica severa comparable a las peores crisis desde el impacto inicial causado por la pandemia del COVID-19. Antes del estallido del conflicto actual, organismos internacionales ya habían proyectado que este año la economía boliviana podría experimentar una contracción del 3,3%, tras haber sufrido previamente una caída del 1,58% en 2025.
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