Paz y su gabinete donan el 50% de sus salarios para financiar programas de salud, pero decreto no especifica beneficiarios ni mecanismos de distribución

La reciente decisión del presidente Rodrigo Paz y su gabinete de reducir en un 50% sus salarios ha suscitado un amplio debate en Bolivia sobre el uso de los recursos que se generarán a partir de esta medida. La iniciativa, enmarcada en el Decreto Supremo N° 5628, tiene como objetivo financiar programas de salud, pero las organizaciones de pacientes han expresado su preocupación por la falta de claridad respecto a cómo se distribuirán esos fondos y quiénes se beneficiarán directamente.

El decreto establece un aporte voluntario y solidario que será administrado por el Ministerio de Salud y Deportes a través de una cuenta especial denominada “Aporte Voluntario Solidario”. Sin embargo, la normativa no detalla qué programas serán favorecidos ni los mecanismos específicos para la entrega de estos recursos. Esta ambigüedad ha llevado a diversas organizaciones, especialmente aquellas que representan a pacientes con cáncer, a solicitar que los fondos lleguen directamente a hospitales y personas que enfrentan enfermedades complejas.

Judit Requelme, presidenta de la Asociación de Enfermos con Cáncer de Tarija, ha sido una voz destacada en este llamado. Ella considera que esta es una oportunidad crucial para abordar las múltiples carencias que enfrentan los pacientes oncológicos. Requelme ha instado al presidente Paz a garantizar que los recursos se destinen específicamente a quienes luchan contra el cáncer y afecciones renales, sectores que frecuentemente tienen dificultades para acceder a tratamientos y medicinas esenciales.

Uno de los aspectos más críticos que ha señalado Requelme es la necesidad urgente de habilitar un albergue exclusivo para pacientes tarijeños en La Paz. Muchos pacientes deben viajar regularmente para recibir radioterapia y otros tratamientos especializados, lo cual se complica por la saturación del albergue actual. Esta situación obliga a muchas familias a buscar hospedaje en lugares privados, cuyos costos son inasumibles para quienes ya enfrentan altos gastos médicos.

Sonia Figueroa, representante de la Fundación Luz de Esperanza, también ha compartido preocupaciones similares. A pesar del avance en la atención pediátrica oncológica gracias a la incorporación de un especialista en oncología infantil hace seis años en el Hospital Regional San Juan de Dios, Figueroa advierte sobre las insuficiencias del sistema sanitario. Aunque existe una ley que garantiza tratamientos gratuitos para niños con cáncer, muchas familias aún deben cubrir gastos no contemplados por el Sistema Único de Salud (SUS).

Figueroa ha destacado que cada mes hay escasez de medicamentos e insumos esenciales. En ocasiones, incluso se solicitan artículos básicos como jeringas o medicamentos fundamentales. La fundación utiliza gran parte de los recursos obtenidos mediante campañas solidarias precisamente para cubrir estas deficiencias.

Además del acceso limitado a medicamentos, los pacientes enfrentan costos ocultos relacionados con estudios diagnósticos y seguimientos. Muchos análisis deben realizarse fuera del departamento y sus precios pueden ser prohibitivos; algunos laboratorios cobran hasta 500 bolivianos por pruebas simples, mientras que estudios más complejos pueden superar los 2.800 bolivianos.

La situación se agrava aún más cuando se trata de procedimientos críticos como trasplantes de médula ósea. Actualmente hay al menos tres niños tarijeños esperando este tratamiento en La Paz, pero antes deben someterse a costosos estudios de compatibilidad genética que pueden llegar hasta los 6.000 bolivianos. A pesar de algún apoyo gestionado por trabajo social, las familias todavía enfrentan gastos cercanos a 4.000 bolivianos.

Los costos extraordinarios no se limitan solo a trasplantes; algunos tratamientos intensivos pueden requerir desembolsos mensuales superiores a 14.000 bolivianos debido al precio elevado de medicamentos especializados no disponibles en hospitales públicos.

Ante esta realidad económica cada vez más desafiante, tanto Requelme como Figueroa han expresado su deseo ferviente para que los recursos provenientes del aporte solidario sean utilizados directamente en hospitales públicos. Proponen que estos fondos sean canalizados hacia la compra inmediata de insumos médicos vitales y medicamentos necesarios para apoyar efectivamente a los pacientes.

El Decreto Supremo N° 5628 establece claramente que todos los fondos recaudados serán administrados por el Ministerio de Salud y Deportes. Aunque la norma permite recibir donaciones adicionales y establece un marco público y auditable para su uso, sigue siendo fundamental definir con claridad qué programas serán beneficiados y asegurar una gestión transparente que priorice las necesidades directas de los pacientes bolivianos.