La reciente aprobación del Proyecto de Ley N.º 161/2025-2026 por parte de la Cámara de Diputados marca un hito significativo en la regulación de los E
La reciente aprobación del Proyecto de Ley N.º 161/2025-2026 por parte de la Cámara de Diputados marca un hito significativo en la regulación de los Estados de Excepción en el país. Este nuevo marco legal tiene como objetivo principal asegurar la conservación del orden público interno, así como la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE). Además, busca salvaguardar a la ciudadanía frente a diversas amenazas, ya sean externas, conmociones internas o desastres naturales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, anunció la sanción de la ley tras su aprobación en dos instancias: en grande y en detalle. Con esta decisión, el proyecto es remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación y aplicación efectiva. Castro Salazar destacó la importancia de este marco normativo para articular respuestas adecuadas ante situaciones excepcionales que puedan comprometer la seguridad y el orden constitucional.
La ley establece el Estado de Excepción como un régimen jurídico extraordinario y temporal, el cual puede ser declarado por el Presidente del Estado. Este mecanismo se activa ante situaciones que amenacen el orden constitucional y la seguridad nacional. En total, el proyecto está compuesto por 27 artículos que detallan aspectos clave sobre cómo deben gestionarse estos estados excepcionales.
Entre las disposiciones más relevantes se encuentran las finalidades del Estado de Excepción, su ámbito territorial y los principios rectores que guiarán su aplicación. Estos principios incluyen la constitucionalidad, proporcionalidad, necesidad y subsidiariedad, así como aspectos fundamentales como la no discriminación y el uso diferenciado de la fuerza. La norma también establece una clara presunción de legitimidad y enfatiza la temporalidad y gradualidad en las medidas a adoptar.
Además, se han delineado los procedimientos necesarios para finalizar un Estado de Excepción, así como los mecanismos para garantizar la rendición de cuentas durante su implementación. Un aspecto crucial es que se garantiza la vigencia de los derechos fundamentales a pesar de las circunstancias excepcionales. La ley también define el papel que desempeñarán instituciones clave como la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público en este contexto.
Con esta sanción legislativa, el país se prepara para enfrentar posibles crisis con un marco normativo que busca equilibrar las necesidades de seguridad con el respeto a los derechos ciudadanos. La implementación efectiva de esta ley será fundamental para asegurar su éxito y legitimidad ante la población.
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