La propuesta del diputado Carlos Alarcón de convocar un referéndum revocatorio extraordinario ha generado un intenso debate en Bolivia, en medio de un
La propuesta del diputado Carlos Alarcón de convocar un referéndum revocatorio extraordinario ha generado un intenso debate en Bolivia, en medio de una creciente crisis política y social marcada por bloqueos y tensiones. Alarcón sugiere que se apruebe una ley interpretativa que habilite este mecanismo en un plazo de tres meses, ante el temor de que la situación actual pueda desembocar en violencia generalizada.
Alarcón, quien ha descrito el contexto actual como un “callejón sin salida”, argumenta que la falta de soluciones democráticas podría intensificar la conflictividad social. Su propuesta contempla que, si se logra la aprobación por dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se podría someter a votación a los actuales mandatarios: el presidente, el vicepresidente y los miembros de la Asamblea. De acuerdo con su planteamiento, si la mayoría vota a favor de mantener a las autoridades actuales, estas continuarían en sus cargos hasta 2030. En contraste, una opción revocatoria implicaría la convocatoria inmediata a nuevas elecciones generales.
Sin embargo, esta propuesta no está exenta de desafíos legales. Especialistas en derecho como Esteban Ortuño han señalado que si bien es posible llevar a cabo un referéndum revocatorio, este debe adherirse a lo estipulado en la Constitución Política del Estado (CPE) y en la Ley N° 026 del Régimen Electoral. Estas normas establecen claramente que cualquier autoridad electa puede ser sometida a revocación solo después de haber cumplido al menos la mitad de su mandato y prohíben este tipo de procesos durante el último año de gestión. Además, subrayan que debe existir una iniciativa ciudadana para activar un referéndum revocatorio, lo cual requiere el apoyo formal del 15% del electorado inscrito.
Ortuño destaca que este procedimiento incluye pasos específicos como la apertura de libros para recolección de firmas, las cuales deben ser verificadas por el Órgano Electoral Plurinacional antes de avanzar con cualquier iniciativa revocatoria. Esto implica que cualquier intento por parte del diputado Alarcón o del poder político para implementar su propuesta deberá enfrentar las limitaciones establecidas por las leyes existentes.
La situación se complica aún más considerando el clima de descontento social y las tensiones políticas que han marcado los últimos meses en Bolivia. A medida que las voces exigen soluciones efectivas ante la crisis actual, el camino hacia una posible consulta popular se convierte en un tema central del debate nacional. La viabilidad legal y política de esta propuesta será crucial para determinar si puede convertirse en una vía efectiva para resolver la crisis o si, por el contrario, se sumará a las tensiones ya existentes.
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