Tribunal Supremo instruye revisión inmediata de detenciones preventivas vencidas o injustificadas

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dado un paso significativo en la reforma del sistema penal en Bolivia. El 28 de mayo, el tribunal emitió la Circular N° 01/2026, que establece nuevas directrices para los jueces y tribunales penales en todo el país en relación con la detención preventiva. Esta medida se enmarca en un esfuerzo por combatir el alarmante hacinamiento que afecta a las cárceles bolivianas y por frenar el uso excesivo y a menudo arbitrario de esta práctica, que ha sido considerada desproporcionada dentro del sistema judicial.

La circular subraya la importancia de que la libertad sea considerada como la norma general y que la privación cautelar de libertad se utilice únicamente como una excepción. Este principio está respaldado por diversas normativas, entre ellas, la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Código de Procedimiento Penal. En este sentido, los jueces están llamados a realizar un análisis riguroso al momento de decidir sobre medidas cautelares personales, evaluando aspectos como la legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad de cada caso.

Además, se enfatiza que las resoluciones deben estar debidamente fundamentadas con argumentos concretos y específicos, evitando así recurrir a criterios genéricos o valoraciones abstractas respecto a posibles riesgos de fuga o a la obstaculización del proceso judicial.

Otro aspecto relevante de esta circular es la recomendación de priorizar medidas cautelares menos gravosas. En este contexto, se señala el uso del sistema tecnológico ROMA–ARGO, una innovadora herramienta biométrica y telemática que permite supervisar judicialmente a los acusados sin necesidad de recurrir al encarcelamiento preventivo. Esta tecnología representa una alternativa viable para controlar las medidas alternativas a la prisión.

El TSJ también ha instruido a las autoridades judiciales para que mantengan un control constante sobre las causas que llevaron a la detención preventiva. En casos donde el plazo establecido haya expirado o donde ya no existan justificaciones para mantener dicha medida, se deberá proceder sin demora a su cesación y aplicar alternativas menos restrictivas.

Esta decisión del TSJ busca garantizar el debido proceso y evitar prolongaciones injustificadas de la privación de libertad. Asimismo, tiene como objetivo contribuir a reducir la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país. Es importante señalar que este no es un tema nuevo para el tribunal; en agosto de 2025, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, ya había emitido un instructivo similar enfocado en revisar las detenciones preventivas. En esa ocasión, también se destacó que su aplicación era general y abarcaba todos los procesos judiciales en Bolivia.

Con esta iniciativa, el Tribunal Supremo de Justicia reafirma su compromiso con una administración más justa y equitativa del sistema penal boliviano.