La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha dado un paso significativo en la reforma del sistema penal al emitir la Circular N°
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha dado un paso significativo en la reforma del sistema penal al emitir la Circular N° 01/2026, el 28 de mayo, que establece nuevas directrices para la aplicación de la detención preventiva. Esta medida busca abordar dos problemas críticos: el hacinamiento en las cárceles del país y el uso excesivo e injustificado de la detención preventiva, una práctica que el TSJ ha reconocido como habitual y desproporcionada dentro del sistema judicial.
El contenido de la circular está dirigido a jueces y tribunales penales a nivel nacional, incluyendo juzgados de instrucción y sentencia penal, así como salas penales de tribunales departamentales. La disposición subraya que la libertad debe ser considerada como la norma general, mientras que la privación cautelar de libertad debe ser vista como una excepción. Esta postura está alineada con los principios establecidos en la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Código de Procedimiento Penal.
Uno de los aspectos más destacados de esta circular es la instrucción a los jueces para que realicen un análisis riguroso al resolver sobre medidas cautelares personales. Este análisis debe contemplar criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y excepcionalidad. Además, se enfatiza que las decisiones deben estar debidamente fundamentadas con argumentos específicos, evitando así el uso de criterios genéricos o valoraciones abstractas sobre posibles riesgos como fugas o obstaculizaciones.
La circular también promueve el uso de alternativas menos gravosas a la detención preventiva, destacando la implementación del sistema tecnológico ROMA–ARGO. Esta herramienta biométrica y geolocalizada permite una supervisión judicial efectiva mediante medios telemáticos, lo que facilita el control de las medidas alternativas sin necesidad de recurrir al encarcelamiento preventivo.
En un esfuerzo por garantizar un control efectivo sobre las causas que originan las detenciones preventivas, el TSJ ha ordenado a las autoridades judiciales llevar a cabo un seguimiento continuo sobre estos casos. Esto incluye revisar con prontitud aquellos en los cuales el plazo de detención haya expirado o donde ya no se justifique su continuación. En tales situaciones, se deberá proceder sin dilación a cesar la medida y optar por alternativas menos restrictivas.
La decisión del TSJ responde a una necesidad urgente: garantizar el debido proceso y evitar prolongaciones indebidas en la privación de libertad, al mismo tiempo que se trabaja para reducir la sobrepoblación penitenciaria en Bolivia. Este enfoque no es inédito; en agosto de 2025, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, ya había emitido un instructivo similar que abogaba por una revisión más exhaustiva de las detenciones preventivas en todos los procesos judiciales del país.
Con esta nueva circular, se espera que se produzca un cambio significativo en cómo se manejan las detenciones preventivas en Bolivia, promoviendo así un sistema más justo y equitativo para todos los ciudadanos.
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