El debate en torno a la Ley de Estados de Excepción ha cobrado un renovado impulso en medio de un clima de tensión social que se ha intensificado en v
El debate en torno a la Ley de Estados de Excepción ha cobrado un renovado impulso en medio de un clima de tensión social que se ha intensificado en varias regiones del país, incluyendo La Paz y El Alto, donde las protestas han alcanzado niveles significativos. Sectores cívicos y productores han hecho un llamado al Gobierno de Rodrigo Paz para que implemente medidas más específicas que ayuden a mitigar las movilizaciones. Sin embargo, el descontento se ha extendido más allá de estas ciudades, abarcando también Cochabamba y Potosí.
Este martes, la Cámara de Diputados llevó a cabo una sesión virtual para abordar este tema crucial. Durante el desarrollo de la misma, algunos legisladores enfrentaron dificultades técnicas que llevaron al presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, a declarar un cuarto intermedio. Esta situación subraya los desafíos logísticos que pueden surgir en un contexto donde el diálogo y la toma de decisiones son urgentes.
La dispensación del trámite fue solicitada por el diputado Rafael López, del partido Libre, quien argumentó sobre la necesidad urgente de revisar el proyecto para abrogar la Ley 1341, que regula los estados de excepción. Su solicitud recibió el respaldo de cinco colegas y fue aprobada por más de dos tercios del pleno. Este avance es significativo, ya que marca un paso importante en el proceso legislativo hacia una posible modificación del marco legal vigente.
El proyecto en cuestión busca derogar la Ley 1341, promulgada en julio de 2020 y conocida como Ley Eva Copa, que surgió en respuesta a la crisis política posterior a las elecciones de 2019. En su artículo único, se establece claramente: “se abroga la ley número 1341”. La aprobación por parte del Senado durante una sorpresiva sesión virtual el fin de semana anterior ya había anticipado el rumbo que tomaría esta discusión.
A medida que transcurren los días, las movilizaciones cumplen ya 26 jornadas. Inicialmente, los manifestantes presentaron demandas sectoriales específicas; sin embargo, su postura ha evolucionado hasta exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esta escalada ha sido acompañada por episodios trágicos: según informes gubernamentales, cuatro personas han perdido la vida debido a que no pudieron acceder a atención médica oportuna durante los bloqueos.
Por otro lado, la dirigencia campesina ha denunciado actos violentos durante los operativos policiales y militares y ha exigido justicia tras la muerte de un hombre en el denominado “Corredor Humanitario Banderas Blancas” en la ruta La Paz – Oruro. Este contexto resalta aún más la necesidad urgente de encontrar soluciones pacíficas y efectivas ante una situación cada vez más compleja.
El diputado Carlos Alarcón, perteneciente a la alianza Unidad, expresó su convicción sobre que “están dadas las condiciones” para avanzar con el proyecto que simplifica la declaratoria del estado de excepción. Según él, esto es fundamental dadas las consecuencias devastadoras que las protestas han tenido sobre el orden público y la seguridad ciudadana.
Además, Alarcón destacó que la Constitución permite al Gobierno declarar estados de excepción sectorizados sin necesidad del marco legal propuesto para ser anulado. Esto podría ofrecer una alternativa viable para abordar las demandas sociales sin recurrir a medidas tan amplias como las establecidas anteriormente.
La decisión de realizar esta sesión legislativa en formato virtual también responde a preocupaciones sobre posibles protestas durante su desarrollo. Algunos legisladores se encontraban en Sucre participando en actos conmemorativos por los 217 años del Primer Grito Libertario de América, lo cual añade otra capa de complejidad a esta situación ya cargada emocionalmente.
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