El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, se mostró optimista respecto a la posibilidad de que este martes se apruebe en la Cámara Baja un pro
El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, se mostró optimista respecto a la posibilidad de que este martes se apruebe en la Cámara Baja un proyecto de ley que busca simplificar la declaratoria de estado de excepción en Bolivia. Esta iniciativa surge como respuesta a las intensas protestas que han afectado principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto, y busca eliminar los obstáculos que impone la Ley 1341 de 2020, conocida como “Ley Eva Copa”, que fue implementada tras la crisis política de 2019 bajo la dirección de la expresidenta del Senado.
Alarcón enfatizó que el objetivo del nuevo proyecto es facilitar una respuesta más ágil ante situaciones de crisis, destacando que la Constitución boliviana ya contempla la posibilidad de declarar un estado de excepción sectorizado, tal como lo han solicitado diversos cívicos. Esto permitiría al gobierno actuar sin la necesidad de modificar o anular leyes existentes.
Durante su intervención, el legislador denunció que las movilizaciones han estado marcadas por actos de vandalismo y terrorismo, lo cual pone en riesgo tanto la propiedad pública como privada y atenta contra la integridad física de los ciudadanos. Según su visión, estos hechos buscan generar un estado de caos que amenace al gobierno legítimamente constituido. Alarcón argumentó que el estado de excepción es un mecanismo constitucional esencial para proteger tanto a la democracia como a los ciudadanos en momentos críticos.
El diputado advirtió sobre las posibles consecuencias si no se toma acción: “La otra respuesta va a ser el enfrentamiento entre civiles, y ese sería el peor escenario para la violencia y el desorden del país”. En este sentido, instó a considerar el estado de excepción como una herramienta necesaria para restablecer el orden.
En Santa Cruz, distintos sectores, incluidos cívicos y productores afectados por bloqueos, han solicitado un estado de excepción sectorizado. Alarcón explicó que según los artículos 137 al 140 de la Constitución, es viable implementar un estado parcial que se ajuste a las necesidades específicas del momento. Esta decisión recaerá en el Gobierno y deberá ser ratificada por la Asamblea dentro de un plazo máximo de 72 horas tras su declaración.
Aclaró que el proyecto en discusión no implica una declaración automática del estado de excepción; más bien, busca remover obstáculos legales para facilitar su implementación si así lo decide el Ejecutivo. Alarcón confía en que si se opta por esta medida, encontrará apoyo suficiente en el Legislativo para llevarla a cabo.
El legislador también hizo eco del sufrimiento causado por los bloqueos al señalar los fallecimientos recientes relacionados con estas protestas. Informó sobre cuatro muertes, entre ellas las trágicas circunstancias alrededor del fallecimiento de un niño de 12 años que no pudo recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos. Esta situación ha generado una creciente preocupación sobre las implicaciones humanitarias del conflicto actual.
“Estamos cercados”, lamentó Alarcón, señalando cómo los bloqueos han restringido el acceso a alimentos y medicamentos esenciales. El diputado cerró su intervención subrayando la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad ciudadana frente a grupos violentos cuyas acciones amenazan con socavar el orden constitucional y democrático en Bolivia.
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