Han transcurrido dos meses desde la presentación del reglamento para la Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas
Han transcurrido dos meses desde la presentación del reglamento para la Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio, una normativa que busca establecer un sistema de apoyo a un grupo poblacional altamente vulnerable. Esta ley, que tiene como objetivo ofrecer un bono mensual y otros servicios sociales a los huérfanos de feminicidio, aún no ha sido promulgada debido a que se encuentra en revisión por parte de los ministerios de la Presidencia y Economía.
La propuesta del Reglamento de la Ley N° 1680 fue oficialmente presentada el 4 de marzo. Sin embargo, su implementación sigue pendiente mientras se analizan los fondos necesarios para llevar a cabo las disposiciones establecidas. El presidente Rodrigo Paz debe promulgar el reglamento para que las medidas contempladas en la ley puedan entrar en vigencia plena.
El proceso para llegar a esta ley ha sido largo y complejo. Después de seis años desde la primera propuesta, en 2024 se logró una redacción consensuada por parte de las 40 instituciones que conforman la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio, lo que permitió su aprobación en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Ley establece obligaciones claras para el Estado, incluyendo el pago mensual del bono, criterios para la guarda legal de los menores afectados y medidas destinadas a garantizar sus derechos fundamentales como la salud y la educación.
Desde su promulgación el 5 de noviembre, se estipuló un plazo de 120 días para desarrollar el reglamento correspondiente. Aunque este fue presentado el 4 de marzo, sigue en revisión técnica y jurídica. La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, ha señalado que el análisis está en curso y comprende tanto al Ministerio de la Presidencia como al Ministerio de Economía. Echeverría expresó su confianza en que pronto se materializará el reglamento, aunque no especificó un plazo concreto para su finalización.
La situación se complica aún más considerando que el 21 de abril se presentó una reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE) por cerca de Bs 391.000 millones, lo que complica aún más la asignación adecuada de recursos necesarios para implementar las políticas públicas relacionadas con esta ley.
Se estima que entre 2013 y 2025 más de 1.000 niños han quedado huérfanos debido a feminicidios, cifra que podría ascender hasta los 1.600. Sin embargo, no existe un registro preciso sobre cuántos menores aún tienen menos de 18 años. Para abordar esta falta de información, la Ley contempla la creación de una base de datos específica que permita contar con cifras exactas y facilitar así la asignación adecuada de recursos.
En un contexto más amplio, Echeverría destacó que tanto la Ley como su reglamento han sido presentados en foros internacionales, como uno reciente en Nueva York donde generaron interés por replicar este modelo en otros países como México. La viceministra subrayó la importancia vital del desarrollo humano y social al afirmar: “No podemos minimizar el desarrollo humano y social… La protección infantil debe ser una prioridad”. Además, advirtió sobre los costos altos asociados a no prevenir la violencia y cómo esto contribuye al aumento alarmante en las tasas de feminicidios e infanticidios.
Hasta principios de mayo se habían registrado alrededor de 30 feminicidios en el país, lo que se traduce en una cifra similar de menores huérfanos por estos crímenes atroces. A pesar del marco legal existente desde 2013 con la Ley 348 —que tipifica el feminicidio—, muchos hijos e hijas afectados no han recibido el apoyo necesario por parte del Estado; frecuentemente son las familias ampliadas quienes asumen esta responsabilidad sin contar con recursos adecuados ni protección formal.
En resumen, aunque se ha avanzado legislativamente hacia una mayor protección para los huérfanos víctimas del feminicidio, su implementación efectiva sigue siendo un desafío crítico ante la necesidad urgente de recursos y coordinación entre distintas entidades gubernamentales.
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