Asesor de Rodrigo Paz confirma que privatización de empresas estatales está en curso, pese a negación del presidente

Fernando Cerimedo, quien se desempeña como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, ha generado controversia al afirmar que el proceso de privatización de empresas estatales ya está en marcha. Esta declaración contrasta notablemente con las afirmaciones del propio mandatario, quien ha sostenido que no se llevarán a cabo privatizaciones en su administración.

La controversia comenzó cuando Cerimedo, a través de su cuenta en la red social X, respondió a un tuit del exmandatario Evo Morales. En su mensaje, el asesor explicó que el proceso de privatización o cierre de empresas estatales requiere tiempo y está sujeto a la legislación boliviana. “Privatizar o cerrar lleva meses según la legislación boliviana, deberías saberlo. (Ya se inició igual). La CEP ya Paz propuso modificarla, también toma tiempo y acuerdos”, escribió Cerimedo.

La mención de la CEP, que se refiere a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, añade un matiz técnico a su declaración, sugiriendo que hay un marco legal en discusión que podría facilitar cambios significativos en la gestión de las empresas estatales. Sin embargo, esta afirmación ha sido interpretada por Morales como una confirmación de sus temores sobre una eventual privatización.

Morales no tardó en reaccionar a las declaraciones de Cerimedo, acusándolo de ser un experto en comunicación enviado por Javier Milei y lo calificó como el “ministro de facto” del actual presidente. En su publicación, Morales enfatizó que el gobierno boliviano está ya en proceso de privatización, lo que ha encendido las alarmas entre los sectores sociales que se oponen a esta medida.

La percepción de una posible privatización ha desencadenado movilizaciones entre diversos grupos sociales en Bolivia, quienes ven con preocupación cualquier indicio de desmantelamiento del patrimonio estatal. A pesar de las declaraciones contradictorias entre Paz y su asesor, la incertidumbre sobre el futuro económico del país persiste. Las reacciones y manifestaciones continuarán mientras los ciudadanos buscan claridad sobre las políticas económicas que definirán el rumbo del país bajo la administración actual.