Agropecuarios cruceños se declaran en emergencia y exigen abrogación del Decreto Supremo 5613

El sector agropecuario de Santa Cruz ha tomado una postura firme al declararse en estado de emergencia, en defensa de la Ley 1720, que regula la reconversión de tierras de pequeña a mediana propiedad. En un pronunciamiento unificado por parte de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), se ha convocado a una Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo este viernes en la ciudad de Montero. Este encuentro busca discutir estrategias para proteger lo que consideran un pilar fundamental para el acceso a financiamiento privado por parte de pequeños productores.

Klaus Frerking, presidente de la CAO, enfatizó la importancia de la Ley 1720, señalando que su correcta implementación es crucial para los pequeños agricultores. Frerking argumentó que esta normativa ha pasado por todos los procedimientos legislativos necesarios y subrayó la necesidad urgente de mantener su vigencia. “Los productores exigimos la plena vigencia de la Ley 1720 y la anulación del Decreto Supremo 5613”, afirmó con firmeza el líder agropecuario.

La situación se complica aún más debido a una reciente movilización por parte de sectores indígenas y campesinos que llegó hasta La Paz. Este grupo ha presentado un pliego petitorio que exige la derogación inmediata de la Ley 1720, además de solicitar cambios estructurales en la gestión de recursos naturales. Este contexto ha generado un ambiente polarizado en relación con las políticas agrarias actuales.

El Decreto Supremo 5613, objeto de controversia, ordena a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) que revise las concesiones forestales, tanto maderables como no maderables. El objetivo es verificar su legalidad y uso conforme al Plan de Uso del Suelo (PLUS), así como evaluar si hay comunidades campesinas e indígenas con solicitudes pendientes para dotación territorial. La normativa también establece que, tras el informe correspondiente emitido por la ABT, el Estado podría revertir concesiones para convertirlas en tierras fiscales disponibles para comunidades.

Los representantes del sector agropecuario advierten que esta regulación podría amenazar la seguridad jurídica en el ámbito productivo, lo cual motiva su demanda por la abrogación del decreto.

Por su parte, el gobierno ha optado por deslindar responsabilidades respecto al futuro de la Ley 1720. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que cualquier decisión sobre la derogación o modificación de esta ley recae exclusivamente en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Esta declaración deja abierta una serie de interrogantes sobre cómo se desarrollarán las negociaciones entre los diferentes sectores involucrados y qué rumbo tomarán las políticas agrarias en el país.