Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, muere acribillado en Santa Cruz; Fiscalía confirma cuatro impactos de bala

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó su profunda preocupación por el reciente asesinato de Víctor Hugo Claure, quien se desempeñaba como decano del Tribunal Agroambiental. Este trágico suceso ha encendido alarmas sobre la creciente violencia que afecta a figuras clave en el ámbito judicial del país. Velasco subrayó que la situación es bastante preocupante, haciendo hincapié en que los ataques contra autoridades de la justicia son un indicativo alarmante de una problemática más amplia.

El asesinato de Claure se inscribe en un contexto de creciente criminalidad en Bolivia, donde los homicidios han ido en aumento en los últimos años. Velasco señaló que el país parece estar atravesando una ola de violencia sin precedentes, donde los ciudadanos se ven cada vez más expuestos a estos actos delictivos. “Estamos acostumbrándonos a que cada semana ocurran este tipo de hechos”, lamentó el gobernador electo, aludiendo a la normalización de la violencia en la sociedad.

Ante esta situación crítica, Velasco instó al Gobierno a tomar medidas urgentes que incluyan una investigación exhaustiva del caso y acciones concretas para frenar el aumento de la violencia. “Hay un problema estructural en la justicia boliviana que debe ser resuelto”, afirmó, enfatizando la necesidad de esclarecer el asesinato y evitar que estos incidentes se conviertan en una constante.

En relación con las investigaciones sobre el homicidio del magistrado Claure, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que la autopsia reveló que Claure falleció como resultado de un ataque armado. Los informes indican que recibió cuatro impactos de bala, los cuales afectaron gravemente sus pulmones y corazón. El ataque ocurrió cuando Claure llegaba a un condominio cercano a la avenida Busch en Santa Cruz de la Sierra, y fue perpetrado por un individuo que llegó al lugar en motocicleta.

Este crimen no solo ha conmocionado a la comunidad judicial, sino también ha generado un debate sobre la seguridad y el funcionamiento del sistema judicial en Bolivia. La exigencia de respuestas claras y efectivas por parte del gobierno es cada vez más urgente ante una ola de violencia que amenaza con desestabilizar aún más el entorno social y político del país.