Justicia concede detención domiciliaria con salida laboral al expresidente del BCB Edwin Rojas y otros exfuncionarios investigados por daño económico millonario.

La justicia boliviana ha decidido implementar medidas sustitutivas para el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) durante la administración de Luis Arce, Edwin Rojas, quien se encuentra en el centro de una investigación por un presunto daño económico que podría ascender a cifras millonarias para el Estado. Entre las disposiciones adoptadas, se contempla la detención domiciliaria con permisos para salir a trabajar, una decisión que también beneficia a otros exfuncionarios que están bajo custodia en el marco de la misma investigación.

La denuncia que ha dado origen a este caso, conocido como el caso Bonos, fue presentada por la actual administración del BCB tras realizar una auditoría que reveló irregularidades significativas en la gestión financiera relacionada con la compra y venta de bonos soberanos. La Fiscalía ha estimado que el daño económico causado asciende a 124 millones de dólares, aunque desde el Órgano Ejecutivo se maneja una cifra aún mayor, alcanzando los 142 millones de dólares.

Los exejecutivos del BCB están siendo investigados por presuntas violaciones a dos delitos específicos: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El caso se centra en un reglamento operativo que fue implementado en 2024, el cual facilitó transacciones de bonos que podrían haberse realizado a precios inflados o bajo condiciones irregulares. Este conjunto de acciones es lo que habría llevado al daño económico señalado.

La investigación destaca el papel del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA), presidido por Rojas y compuesto por otros directivos del BCB. Tres de estos directivos fueron aprehendidos junto con Rojas en una operación realizada el pasado martes, lo que subraya la gravedad del caso y las implicaciones legales en las que se encuentran involucrados. La situación ha generado un gran interés público y ha suscitado debates sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública de recursos estatales.