Murillo envía carta a Paz y denuncia persecución política en Bolivia

El exministro de Gobierno durante la administración de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, ha dirigido una carta al actual presidente del Estado, Rodrigo Paz, en la que solicita formalmente que se ordene una auditoría exhaustiva a todos los procesos judiciales que se siguen en su contra. Murillo se encuentra detenido en el penal de San Pedro y busca con esta medida esclarecer y revisar las acusaciones que motivaron su detención.

En la misiva enviada, Murillo expresa su satisfacción por el triunfo electoral de Rodrigo Paz, reconociendo que sus inicios en la política estuvieron vinculados a la figura del actual mandatario. Este gesto no solo pone de manifiesto una relación previa entre ambos políticos, sino que también evidencia la expectativa de Murillo de encontrar un interlocutor dispuesto a revisar su situación jurídica bajo el nuevo gobierno.

El exministro rememora además su paso por el Ministerio de Gobierno, destacando su gestión y recordando los momentos posteriores a su salida del cargo. Según refiere, tuvo que abandonar el país debido a sospechas fundadas sobre un presunto plan para atentar contra su vida. Esta afirmación añade un contexto grave y preocupante sobre la situación personal y política que vivió tras dejar el poder, sugiriendo un entorno hostil y peligroso para él.

Desde septiembre del año 2025 Murillo permanece detenido en el penal de San Pedro luego de haber sido deportado desde Estados Unidos, donde había sido condenado y cumplido sentencia por lavado de dinero. Su retorno al país y posterior encarcelamiento han generado una serie de procesos judiciales en su contra que él mismo califica como “fabricados y forzados”. En la carta manifiesta su sorpresa porque, pese al cambio de gobierno, no ha observado avances ni cambios significativos en su caso.

Murillo critica directamente al Ministerio Público y al Poder Judicial, señalando que ambos órganos continúan bajo influencia del Movimiento al Socialismo (MAS), partido político opositor al nuevo Ejecutivo. Denuncia lo que considera una persistente “tortura judicial” y una utilización instrumentalizada del proceso penal para fines políticos o particulares. Esta acusación refleja una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de administrar justicia y pone en cuestión la independencia judicial en el país.

En este contexto, el exfuncionario solicita expresamente a Rodrigo Paz que se ordene una auditoría sobre los procesos abiertos en su contra relacionados con diversos casos emblemáticos: UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), ‘gases Ecuador’, ‘gases Brasil’ y ‘catering’. Estas causas representan los principales cargos por los cuales enfrenta cargos judiciales y cuya revisión podría significar un cambio sustancial en su situación legal.

La solicitud realizada por Murillo cobra especial relevancia considerando tanto la trayectoria política del exministro como las implicaciones legales derivadas de sus condenas internacionales. Asimismo, pone sobre la mesa la discusión acerca del funcionamiento del sistema judicial bajo diferentes administraciones políticas y el impacto directo que estas dinámicas tienen sobre figuras públicas involucradas en procesos penales.

La petición también invita a reflexionar sobre las expectativas generadas con el cambio de gobierno respecto a la transparencia judicial y el respeto a los derechos fundamentales dentro del marco legal. La actuación del nuevo presidente Rodrigo Paz frente a este pedido será observada atentamente por sectores políticos y sociales interesados en asegurar un sistema judicial equitativo e imparcial.

En definitiva, esta carta representa no solo un reclamo personal por parte de Arturo Murillo sino también un llamado a revisar profundamente cómo se han manejado los procesos legales vinculados a figuras políticas controvertidas, así como a evaluar si realmente existen avances hacia una justicia independiente o si persisten prácticas cuestionables heredadas del pasado reciente