Gobierno confirma que Petrobras mantiene operaciones en Tariquía pese a protestas

Este viernes se llevará a cabo una audiencia pública en el Patio del Cabildo de Tarija para abordar la controversia generada en torno al pozo exploratorio Domo Oso X-3 (DMO X-3) y la intervención de Petrobras Bolivia en la zona. En este espacio, se espera la participación de comunarios del Cantón de Chiquiacá, quienes se oponen firmemente a la presencia de las empresas petroleras, así como representantes del Gobierno nacional que defienden la continuidad del proyecto.

La tensión social en la región ha aumentado considerablemente tras el ingreso de un contingente policial que permitió el avance de la empresa petrolera, sobrepasando el punto de vigilia que los habitantes mantienen desde finales de 2025 para proteger la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Esta acción generó un amplio rechazo entre instituciones, colectivos ambientalistas y ciudadanos, quienes consideran que se vulneran los derechos de las comunidades y se incumple la normativa ambiental vigente.

Una manifestación masiva recorrió las calles principales de la ciudad, exigiendo la retirada de las petroleras de la reserva y el respeto al proceso de consulta previa, libre e informada. Los comunarios denunciaron que la consulta realizada no fue transparente ni representativa, pues solo algunos dirigentes habrían participado, supuestamente bajo presiones económicas.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció, instando al cumplimiento de la normativa nacional e internacional sobre consultas previas y condenando la criminalización de 17 comunarios que defienden la reserva, señalando que estos procesos judiciales constituyen una violación a los derechos humanos en materia ambiental.

Ante esta situación, la Brigada Parlamentaria de Tarija convocó a una audiencia pública que busca generar un espacio de diálogo entre las partes involucradas. El presidente de esta instancia, Gabriel Corvera, indicó que el objetivo es escuchar tanto a los comunarios que rechazan el proyecto como a los representantes gubernamentales que presentan los fundamentos técnicos y legales para justificar la exploración hidrocarburífera.

Una delegación de comunarios de Chiquiacá confirmó su asistencia para expresar su preocupación, especialmente por el riesgo que representa la actividad petrolera para las fuentes de agua de la zona. La activista ambiental Nelly Coca recordó experiencias previas en otras áreas protegidas, donde la explotación petrolera dejó pasivos ambientales que contaminaron quebradas y causaron la muerte de animales. Resaltó que Tariquía es una zona de recarga hídrica vital para las comunidades y su ganado, por lo que la prioridad es proteger el agua y la vida ante cualquier amenaza.

Por su parte, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Caleb Montes Velarde, reafirmó que el pozo DMO X-3 se encuentra a 1,2 kilómetros fuera de la reserva y que cuenta con todas las autorizaciones legales, incluyendo la licencia ambiental. Reiteró que el Gobierno mantiene la posición de no retirar a Petrobras debido a un contrato vigente, aunque aseguró que se busca transparentar la información y aclarar los alcances del proyecto.

En apoyo a los comunarios, un grupo de universitarios se desplazó hasta el punto de vigilia en la Quebrada Las Vacas, en Chiquiacá, para acompañar la resistencia que se mantiene desde finales de 2025. Estos jóvenes buscan visibilizar la defensa del medio ambiente y respaldar a las comunidades frente a los operativos policiales que intentan facilitar el avance petrolero.

Finalmente, la senadora Marcela Guerrero manifestó su rechazo a la contradicción entre las declaraciones gubernamentales y las acciones en el terreno. En respuesta, impulsa un proyecto de ley nacional que prohíba definitivamente la actividad petrolera en la reserva y su zona de amortiguamiento, anule contratos anteriores considerados irregulares, establezca auditorías ambientales y ponga fin a un conflicto que afecta los derechos humanos de los habitantes locales