Gobierno reporta más de 200 denuncias en 60 instituciones públicas del país

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Gobierno reporta más de 200 denuncias en 60 instituciones públicas del país

El viceministro de Transparencia y Seguridad Jurídica, Yamil García, informó que se han recibido más de 200 denuncias relacionadas con actos de corrup

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El viceministro de Transparencia y Seguridad Jurídica, Yamil García, informó que se han recibido más de 200 denuncias relacionadas con actos de corrupción cometidos por exfuncionarios de aproximadamente 60 entidades estatales. Estas denuncias fueron canalizadas a través de un sistema de código QR implementado recientemente, que facilita a la ciudadanía reportar irregularidades de manera anónima y directa.

Entre las instituciones con mayor número de acusaciones se encuentran Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En particular, YPFB acumula más de 70 denuncias, las cuales están siendo investigadas por el Ministerio Público. Según García, en uno de los casos detectados, un exfuncionario habría incrementado su patrimonio en más de 15 millones de bolivianos, mediante adquisiciones de bienes como departamentos, vehículos y transferencias bancarias a cuentas personales.

Por su parte, la ANH enfrenta denuncias relacionadas con cobros irregulares en la autorización de vales para supermercados y en estaciones de servicio. Estas acciones habrían sido realizadas por un grupo organizado dentro de la institución, generando un aumento patrimonial superior a los 2,5 millones de bolivianos, según las investigaciones preliminares.

El viceministro destacó que estas pesquisas están en sus primeras etapas y que en los próximos días se darán a conocer los resultados iniciales. Asimismo, hizo un llamado a la población para que continúe utilizando los medios tecnológicos habilitados para presentar denuncias anónimas, reafirmando el compromiso del gobierno en combatir la corrupción en todas las instituciones públicas.

El sistema de denuncia mediante código QR fue implementado a mediados de diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar la recepción y sistematización de denuncias ciudadanas sobre actos corruptos, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público

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