La creación de Botrading S.A., una empresa constituida en Paraguay con capital proveniente de YPFB Corporación, está envuelta en múltiples irregularid
La creación de Botrading S.A., una empresa constituida en Paraguay con capital proveniente de YPFB Corporación, está envuelta en múltiples irregularidades que han desencadenado investigaciones tanto legislativas como penales por un presunto perjuicio económico cercano a los 857 millones de dólares. Esta compañía logró adjudicarse 12 contratos millonarios, situación que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de dichos procesos.
Un análisis detallado realizado por una comisión especial del Legislativo reveló que Botrading S.A. resultó ganadora en todos los procesos de licitación revisados, a pesar de que en varias ocasiones existían otros oferentes que presentaban propuestas más económicas y eficientes. En dos casos específicos, se otorgaron contratos simultáneamente a Botrading y a otro proveedor que ofrecía mejores condiciones, lo que según el informe debería haber implicado la descalificación automática de Botrading.
El diputado Carlos Alarcón, integrante de la comisión, explicó que estas conclusiones se basan en documentos oficiales de YPFB Corporación, los cuales inicialmente indicaron un daño económico estimado en 355 millones de dólares, cifra que luego se elevó a 388 millones tras un análisis más exhaustivo. Además, el informe menciona la existencia de “contratos fantasmas” y acuerdos con sobreprecios que favorecieron a la empresa, la cual fue creada durante la administración de Evo Morales y posteriormente modificó su denominación en la gestión de Luis Arce.
Por su parte, el fiscal a cargo del caso, Omar Yujra, señaló que la denuncia contiene aspectos generales y ciertas imprecisiones. Para esclarecer los hechos, se realizaron inspecciones en las oficinas de YPFB Corporación donde se recabaron documentos relacionados con los contratos de Botrading, muchos de los cuales no fueron solicitados durante la investigación legislativa. Según los funcionarios implicados, estos papeles respaldan la legalidad de las transacciones realizadas.
Durante estas intervenciones, se encontraron registros de operaciones que suman al menos 857 millones de dólares, cifra que figura en la imputación contra el exgerente de YPFB Corporación, Armin Dorgathen, y otros cinco funcionarios.
Entre las irregularidades detectadas, se destaca que Botrading S.A. funcionaría como una empresa fantasma, constituida en Paraguay con el objetivo de evadir la legislación y supervisión boliviana. La compañía contaría únicamente con tres empleados y sus supuestas oficinas serían un despacho jurídico, no una sede empresarial real.
Asimismo, se cuestiona la elección de Paraguay como lugar de constitución, dado que al ser un país sin salida al mar, no resulta lógico para una empresa dedicada a la importación de combustibles, actividad que generalmente requiere acceso a puertos marítimos.
Otro punto relevante es la transferencia gratuita de acciones por parte de la presidenta de Botrading, Sandra Bethania Otazu, a un exmiembro del directorio de la empresa y alto funcionario de YPFB, Julio Camargo. Posteriormente, Camargo vendió esas acciones a YPFB Logística por aproximadamente 117.758 dólares, lo que habría generado un beneficio económico personal a costa del Estado.
La mayoría de los contratos adjudicados a Botrading se otorgaron sin convocatoria pública, mediante invitaciones directas, y en varios casos la empresa fue la única invitada o participante. Además, no se encontró justificación jurídica para estas adjudicaciones por invitación directa.
El informe también recalca que Botrading carecía de la infraestructura necesaria para el almacenamiento y transporte especializado de combustibles, así como de capacidad técnica para refinación o procesamiento, lo que implicó costos adicionales para el Estado sin justificación técnica válida.
En conjunto, estas irregularidades plantean serias dudas sobre la transparencia y legalidad en la gestión de contratos relacionados con la importación y distribución de combustibles, motivando la apertura de procesos de investigación para determinar responsabilidades y reparar el presunto daño económico causado
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