Yassir Molina agradece a Del Castillo tras su liberación en Bolivia

La reciente decisión judicial que otorgó la libertad al exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo ha generado reacciones inmediatas en diversos sectores, especialmente entre aquellos que fueron objeto de persecución durante su gestión. Entre las respuestas más contundentes se encuentra la del activista Yassir Molina, miembro de Resistencia Juvenil Cochala, quien fue detenido en 2021 por su participación en las movilizaciones de 2019 contra el supuesto fraude electoral.

En declaraciones a un programa televisivo, Molina sostuvo que la liberación de Del Castillo no implica impunidad y anticipó la presentación de denuncias formales por torturas, malos tratos y persecución política ocurridos durante el período en que el exministro estuvo al mando de la Policía y la seguridad interna. Subrayó que estas acciones legales se fundamentarán en pruebas sólidas y se realizarán con responsabilidad, evitando acusaciones infundadas.

Respecto a la resolución judicial que benefició a Del Castillo, Molina reconoció que en este caso la autoridad actuó conforme a la ley, dado que no existían pruebas suficientes para mantener la detención por obstrucción policial. Además, atribuyó esta decisión a un cambio en la administración de justicia, impulsado por directrices del Tribunal Supremo de Justicia que buscan descongestionar las cárceles y respetar los plazos legales para la detención preventiva. Destacó que más del 65% de las personas privadas de libertad se encontraban en situación de detención preventiva excesiva, por lo que esta medida representa un avance en materia de justicia.

Aunque no estableció fechas para la presentación de las denuncias contra Del Castillo, Molina afirmó que existe una base sólida para iniciar procesos ante el Ministerio Público, con respaldo documental y testimonios. Explicó que durante los últimos años se enfocó en resolver su propia situación judicial, incluyendo una revisión extraordinaria de sentencia, antes de avanzar en acciones legales contra quienes, según su versión, ordenaron su persecución. Actualmente, Molina goza de libertad condicional tras cumplir dos terceras partes de su condena y ejerce como abogado en la jurisdicción de Oruro.

El activista también relató episodios que calificó como torturas y tratos crueles durante su detención, como traslados bajo estricta custodia, restricciones en la alimentación y el agua, encadenamientos y prohibiciones para comunicarse con su familia. Mencionó además el caso de Mario Bascopé, quien habría sufrido graves lesiones físicas en prisión y cuya liberación está siendo gestionada.

Molina afirmó que el sistema judicial está dejando de ser utilizado como herramienta política, señalando que él no fue indultado, sino que cumplió su condena, lo que a su juicio demuestra un cambio en el sistema. Asimismo, pidió paciencia a quienes aún se consideran presos políticos.

En un mensaje dirigido a Del Castillo, el activista expresó con ironía su agradecimiento por haber contribuido al debilitamiento del Movimiento Al Socialismo y por el fin de la instrumentalización de la justicia. A pesar de los daños sufridos, destacó que ahora cuenta con el apoyo de su esposa e hija, y afirmó que “la justicia tarda, pero llega”. Además, instó al exministro a someterse a la justicia y permanecer en el país si realmente no tiene nada que ocultar, advirtiendo que no solo él, sino otros también presentarán denuncias.

Molina fue detenido en 2021 por su participación en las protestas de 2019 durante la búsqueda de un cuarto mandato consecutivo de Evo Morales, y recuperó su libertad en septiembre de este año. Tras la aprehensión de Del Castillo, el activista difundió mensajes en redes sociales en los que señaló que “todo lo que se hace, se paga”, aunque aclaró que no celebra el sufrimiento de la familia del exministro, dado que él mismo vivió situaciones similares.

La liberación de Eduardo Del Castillo no ha cerrado el capítulo, sino que ha reavivado un proceso de denuncias que apuntan a los períodos más conflictivos de la judicialización de la política en el país