Una significativa controversia financiera se ha desarrollado en el municipio de Yacuiba, donde un grupo de veintiún exconcejales, junto con una edil q
Una significativa controversia financiera se ha desarrollado en el municipio de Yacuiba, donde un grupo de veintiún exconcejales, junto con una edil que aún ejerce funciones, ha elevado una reclamación económica que inicialmente superaba los 3.5 millones de bolivianos. Esta suma ha crecido considerablemente, rebasando ahora los 4 millones de bolivianos, al incluir una nueva exigencia por el pago de vacaciones acumuladas. Representantes municipales han advertido que estos montos no están contemplados en el presupuesto actual de la administración local.
A pesar de la manifiesta oposición expresada por la ciudadanía de Yacuiba, los veinte exconcejales y la actual concejal han optado por mantener firme su demanda. Dentro del ámbito municipal, se ha cuestionado la justificación de ciertas decisiones judiciales que avalan el pago de vacaciones acumuladas, especialmente considerando que, en algunos casos, han transcurrido hasta cinco años desde la finalización de funciones, periodo tras el cual, usualmente, se entiende que dicho beneficio caduca si no fue solicitado a tiempo.
Se observa una disparidad de criterios entre los tribunales que evalúan estos expedientes. Un caso que ilustra esta situación es el de un exconcejal, quien obtuvo una resolución judicial que reconocía su derecho al denominado Bono Frontera, pero denegaba el pago por vacaciones. Tras apelar en la ciudad de Tarija, donde la negativa al beneficio vacacional fue ratificada, el exedil interpuso un recurso de casación, argumentando una trayectoria laboral de once años sin interrupción ni goce de descanso anual, en un intento por modificar la sentencia y lograr el desembolso completo.
Desde la administración municipal se considera que tales argumentos buscan legitimar cobros que, a su parecer, carecen de un fundamento sólido. Una revisión de la documentación de gestiones precedentes no revela resultados significativos en beneficio de la comunidad. Asimismo, se ha rememorado que en periodos anteriores, algunos ediles llegaron a percibir sumas considerables, como hasta siete mil dólares en un solo mes, debido a beneficios extraordinarios como el doble aguinaldo, lo que genera la percepción de un intento de obtener beneficios adicionales del erario público.
Tanto el ejecutivo municipal como el Concejo Municipal han presentado las objeciones y defensas pertinentes para evitar el desembolso de lo que demandan las exautoridades. Consecuentemente, la controversia se dirime actualmente en instancias judiciales superiores, con sede en la ciudad de Sucre.
Entre los individuos que han presentado estas reclamaciones, con montos que varían y en algunos casos incluyen el subsidio de frontera y vacaciones, se encuentran Ana María Soria Peña, solicitando 192.689 bolivianos; Erlinda Urzaste Ortiz, con 68.989 bolivianos; Andrés Aguirre F., con 188.100 bolivianos; Freddy Nuñez B., con 189.375 bolivianos; Ramiro Coya Soliz, con 214.945 bolivianos; Richard Coca, con 186.958 bolivianos; Lilian Gabriela Lozano, con 218.683 bolivianos; y Wilson Villegas Chambi, con 214.945 bolivianos. A estos se suman Patricia Calizaya Cejas, con 261.837 bolivianos; Maribel Molina Sánchez, con 133.526 bolivianos; Adriana Flores, con 214.945 bolivianos; Luis Marca, con 188.404 bolivianos; Hilda Cardona, con 183.565 bolivianos; Jackeline Rocabado, con 283.124 bolivianos; Ana María Zurita, con 24.877 bolivianos; Jorge Luis Barrenechea, con 189.807 bolivianos; Ana Urzagaste, con 364.850 bolivianos; Angélica Villagómez Díaz, con 211.391 bolivianos; Agapito García Vela, con 205.301 bolivianos; y Sandra Orellana, quien fuera alcaldesa, reclamando 189.775 bolivianos
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