Alto nivel de vulneraciones a la libertad de prensa y defensores de derechos en Bolivia durante el año 2024.

Un informe alarmante del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS revela la grave situación que enfrentan periodistas y defensores en Bolivia.
Durante el año 2024, Bolivia experimentó un preocupante aumento en las vulneraciones a la libertad de prensa y a los defensores de derechos, según el Informe del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS. Las cifras muestran un alto nivel de riesgo para estos actores, lo que ha llevado a la urgencia de crear un mecanismo de protección.
Durante el año 2024, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS registró un total de 247 vulneraciones a la libertad de prensa y al derecho a defender derechos en Bolivia. De estas, 150 casos estuvieron dirigidos contra periodistas y medios de comunicación, mientras que 97 afectaron a personas y organizaciones defensoras. Estas cifras reflejan un alto nivel de riesgo que enfrentan estos actores en el desempeño de sus labores, lo que ha llevado a la entidad a urgir la creación de un mecanismo que prevenga, proteja y garantice la investigación y sanción contra aquellos que vulneran su labor de defensa.

El Informe destaca que la libertad de prensa fue la segunda categoría más vulnerada entre las seis monitoreadas, con 42 agresiones físicas o psicológicas a periodistas, 30 casos de impedimento al acceso a la información y un incremento en la criminalización de periodistas, que pasó de un caso en 2023 a 11 en 2024. Estas vulneraciones se concentraron en contextos de alta conflictividad, como la marcha y bloqueo de cocaleros y militantes del MAS en rechazo al proceso judicial contra el expresidente Evo Morales por estupro y trata de personas.

El informe también destaca que las personas defensoras de derechos sufrieron 93 vulneraciones, un aumento del 82% respecto al año anterior. Más de la mitad de los casos (53) estuvieron relacionados con la criminalización, especialmente de defensores de tierra y territorio, de pueblos indígenas y del medio ambiente. A esto se suman amenazas, agresiones físicas y la falta de protección en contextos de riesgo.

Se resalta que las vulneraciones afectan de manera diferenciada según el género. En el caso de la prensa, las mujeres periodistas fueron particularmente expuestas a agresiones físicas o psicológicas, impedimento de acceso a la información y amenazas o amedrentamientos durante el 2024. Del total de casos registrados, el 50% fueron en contra de hombres, el 20% en contra de mujeres periodistas y el restante en contra de grupos de periodistas o medios de comunicación.

En cuanto a los defensores de derechos, el 58% de las vulneraciones se cometieron en contra de hombres, el 18% contra mujeres y el restante en contra de organizaciones o grupos de defensores. De las 93 vulneraciones registradas, el 58% involucraron a defensores de la tierra y el territorio, el 17% a defensores del medio ambiente y el 12% a aquellos que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

El informe respalda estos datos con casos concretos, como el conflicto de la comunidad indígena Alcko Tambo en Potosí contra una empresa minera, la criminalización de dirigentes de la Asociación de Productores de Coca de La Paz, entre otros. UNITAS insta al Estado a establecer un mecanismo de protección específico para personas defensoras de derechos y periodistas, que brinde protección en situaciones de riesgo, elimine la criminalización de sus actividades y garantice su seguridad física y psicológica. Además, se propone adoptar medidas efectivas en materia de acceso a la información, participación pública y protección de defensores, en cumplimiento al Acuerdo de Escazú.

Por último, se destaca que varios estados, incluyendo España, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), han sugerido a Bolivia la creación de este mecanismo de protección. Es fundamental avanzar en la aplicación de políticas públicas y marcos normativos que reconozcan y protejan la labor de defensores de derechos humanos y periodistas en el país.
Es fundamental que Bolivia establezca un mecanismo de protección específico para periodistas y defensores de derechos, que garantice su seguridad y elimine la criminalización de sus actividades. La comunidad internacional también ha instado al país a tomar medidas concretas para proteger a estos actores esenciales en la sociedad.