Viceministro Defensa Civil confirma fondos para incendios se destinaron a atender emergencias por inundaciones

Un alto funcionario del Ministerio de Defensa Civil recientemente hizo público que los recursos inicialmente asignados por la Asamblea Legislativa Plurinacional para la prevención de incendios forestales fueron posteriormente redirigidos para mitigar las consecuencias de las inundaciones que afectaron diversas regiones del país.

Una suma considerable de 75 millones de dólares, destinada originalmente a la lucha contra los incendios, obtuvo la aprobación legislativa en marzo del año en curso. Sin embargo, este período coincidió con una fase de severas inundaciones, lo que motivó una reevaluación de las prioridades. En consecuencia, estos fondos fueron sometidos a consideración del Consejo Nacional de Autonomías, donde los gobernadores departamentales respaldaron de manera unánime su reorientación hacia las acciones de respuesta a las inundaciones.

El año 2024 fue testigo de una vasta devastación ambiental, con aproximadamente 12 millones de hectáreas consumidas por incendios en todo el territorio nacional. Una parte significativa de esta destrucción se concentró en la región de Santa Cruz. El impacto no se limitó a las zonas boscosas, sino que también se extendió a áreas periurbanas, generando efectos perjudiciales para la salud de la población en general.

La promulgación formal de la Ley 1622 por el presidente Luis Arce el 19 de marzo de este año consolidó un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto de hasta 75 millones de dólares. Este instrumento financiero estaba específicamente destinado al “Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgos ante Eventos Adversos del Clima”. Aunque el acuerdo había sido suscrito entre el Estado Plurinacional y la CAF el 9 de septiembre de 2024, su tramitación legislativa, junto con otros proyectos similares, enfrentó demoras considerables. Finalmente, fue sancionado por la Cámara de Senadores el 18 de marzo, antes de recibir la promulgación presidencial.

Cabe señalar que este no fue el único paquete financiero aprobado para tales fines. Otra línea de crédito, por un total de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estaba destinada a la atención de emergencias derivadas de desastres naturales y crisis de salud pública. No obstante, esta financiación particular fue aprobada y promulgada recién en junio de la presente gestión. Las autoridades indicaron que,