Vargas Confirma Transparencia Electoral Nadie Debería Hablar de Fraude

En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la integridad del proceso electoral, los principales aspirantes a la presidencia han suscrito un compromiso fundamental. Representantes de las fuerzas políticas, incluyendo a los candidatos Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Jorge Tuto Quiroga de Libre, convergieron en un significativo encuentro en Santa Cruz, donde se formalizó este acuerdo. El pacto, atestiguado por vocales del organismo electoral, misiones de observación y delegaciones diplomáticas, establece tres pilares esenciales: el respeto irrestricto a los resultados que emanen de la voluntad popular, una condena enérgica a las campañas de desprestigio y a la desinformación electoral, y la confirmación de su participación en los debates organizados por la autoridad comicial, programados para el 5 de octubre para los aspirantes a la vicepresidencia y el 12 de octubre para los postulantes a la presidencia. Aunque uno de los contendientes no pudo estar presente en la ceremonia, se ha previsto hacerle llegar el documento para su eventual adhesión.

Desde la instancia electoral se ha enfatizado la importancia de que los liderazgos políticos sirvan de ejemplo, promoviendo un ambiente electoral libre de confrontaciones y centrado en la exposición de propuestas. Este compromiso colectivo busca asegurar un proceso transparente y constructivo.

En cuanto a la detección y combate de las campañas difamatorias, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) mantiene una vigilancia constante sobre la propaganda electoral. Ya se han impuesto sanciones a medios de comunicación y partidos políticos, y en el caso de particulares, se aplican multas que pueden ascender hasta veinte salarios mínimos. Sin embargo, se reconoce la complejidad de neutralizar completamente los ‘bots’ y las cuentas falsas en redes sociales, un desafío que incluso naciones con avanzada infraestructura tecnológica no han logrado resolver por completo. La estrategia para enfrentar la manipulación informativa se centra en la difusión de datos veraces y en la exhortación a los líderes para que orienten a sus militantes hacia una política que trascienda el círculo vicioso de la guerra sucia, respondiendo al anhelo ciudadano de un debate más elevado.

Pensando en la mejora continua, los próximos debates electorales se circunscribirán estrictamente a las funciones constitucionales de presidentes y vicepresidentes. Una comisión técnica será la encargada de definir la metodología y los ejes temáticos. Para mantener la fluidez, no se permitirán desmentidos en vivo, aunque los equipos técnicos de los candidatos conocerán los temas con antelación. La labor de verificación y contraste de datos recaerá posteriormente en periodistas y verificadores independientes. Estos encuentros son una iniciativa conjunta del organismo electoral, la Confederación Nacional de Empresarios y la Asociación Nacional de Periodistas, siguiendo el modelo de la primera vuelta.

La institución electoral ha reafirmado su capacidad técnica y financiera para informar a lo largo y ancho del país. Con nueve tribunales electorales distribuidos estratégicamente, se garantiza la capacitación y difusión de información. Sus siete vocales se despliegan en diversos medios para asegurar que la población esté plenamente informada. Se confía en la madurez del pueblo boliviano, al que se considera capaz de discernir entre información fidedigna y campañas de desprestigio.

Respecto al Sistema de Registro de Resultados Preliminares (Sirepre), este demostró una notable fiabilidad en la primera vuelta, con una diferencia inferior al 1% respecto a los cómputos oficiales y una cobertura del 95% de las actas para las 21:00 horas del 17 de agosto. Para la segunda vuelta, se proyecta alcanzar un 97% de cobertura. Los cómputos oficiales son públicos y completamente verificables, lo que desvirtúa cualquier insinuación de fraude electoral en el proceso.

En cuanto a la selección de jurados de mesa, el sorteo se realizará de manera informática y aleatoria el 19 de septiembre. Se prioriza la inclusión de jóvenes por su agilidad en la administración de las mesas, y si bien podría haber casos excepcionales de repetición, se asegura que serán mínimos. La labor de los jurados es fundamental y merece el máximo respeto.

Finalmente, se ha confirmado la autorización de al menos tres encuestas electorales. Se aplicarán sanciones rigurosas a los medios que difundan sondeos apócrifos o de empresas no registradas, manteniendo un equilibrio entre la verificación estricta y el derecho de los medios a informar.

En otro orden de cosas, se ha iniciado el proceso para la cancelación de la personería jurídica de aquellas organizaciones políticas que no alcanzaron el umbral electoral en agosto, específicamente ADN y UCS. Una vez notificadas, estas agrupaciones dispondrán de un plazo de cinco días para presentar sus descargos, tras lo cual la Sala Plena tomará una decisión conforme a la normativa vigente