El TSE busca garantizar la participación de las organizaciones indígenas en las elecciones presidenciales de 2025. El Tribunal Supremo Electoral de B
El TSE busca garantizar la participación de las organizaciones indígenas en las elecciones presidenciales de 2025.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha presentado una Acción de Inconstitucionalidad Concreta contra dos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas, argumentando que limitan la participación de los pueblos indígenas en las elecciones presidenciales. Esta acción busca asegurar el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las organizaciones indígenas en el país.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha presentado una Acción de Inconstitucionalidad Concreta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra dos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096), argumentando que estos artículos restringen la participación de los pueblos indígenas en las elecciones presidenciales. Esta acción se origina en una solicitud presentada en octubre de 2024 por el Consejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas del Qullasuyu (CONSAQ-BOLIVIA), que buscaba el reconocimiento de su personalidad jurídica para poder postular candidatos en los comicios nacionales de 2025.
El TSE ha señalado que los artículos 5, inciso c), y 15 de la Ley 1096 limitan la participación de estas organizaciones exclusivamente a procesos subnacionales, lo cual entra en conflicto con el artículo 209 de la Constitución Política del Estado (CPE). Según la Constitución, las organizaciones indígena originario campesinas (OIOC) tienen el derecho de participar en todos los niveles del Estado, sin que su alcance se vea restringido a lo subnacional. Por lo tanto, el TSE busca suspender frases como “únicamente en elecciones subnacionales” contenidas en dicha ley.
Durante la discusión, el vocal Tahuichi Tahuichi emitió un voto disidente y propuso la aplicación directa del artículo 209 de la CPE, apoyándose en los principios de supremacía constitucional y bloque de constitucionalidad. Según su posición, las organizaciones indígenas deberían poder participar en las elecciones presidenciales sin necesidad de una declaración previa del TCP, para garantizar sus derechos políticos de manera inmediata.
La medida cautelar solicitada por el TSE tiene como objetivo asegurar que las organizaciones indígenas puedan registrarse y presentar candidaturas para las elecciones generales de 2025. Es importante destacar que el presidente titular del TSE, Oscar Hassenteufel, no estuvo presente en la sesión de sala plena debido a que se encontraba de vacaciones en ese momento.
El TSE ha argumentado que los artículos impugnados de la Ley 1096 vulneran los principios de igualdad, participación y no discriminación establecidos en tratados internacionales de derechos humanos, así como en la propia CPE. Además, ha señalado que no existe un sustento legal para que el legislador haya restringido un derecho político reconocido constitucionalmente.
En caso de que el TCP resuelva a favor antes de la convocatoria a elecciones, programada para agosto, sus efectos se aplicarían en el proceso electoral en curso; de lo contrario, regirían para elecciones futuras. Esta disputa legal plantea un debate crucial sobre la participación política de los pueblos indígenas en Bolivia y la interpretación de la Constitución en relación con sus derechos.
La disputa legal entre el TSE y la Ley de Organizaciones Políticas plantea un debate crucial sobre la participación política de los pueblos indígenas en Bolivia y la interpretación de la Constitución en relación con sus derechos. La resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional tendrá un impacto significativo en las elecciones generales de 2025 y en futuros procesos electorales en el país.
COMMENTS