Trópico de Cochabamba: Tensión política y vacío estatal ante elecciones en Bolivia

En las provincias cochabambinas de Chapare, Carrasco y Tiraque, que conforman la región conocida como el Trópico de Cochabamba, la presencia del Estado se percibe como ausente. Sin una fuerza policial operativa, con su aeropuerto internacional bajo control no autorizado y sin servicios bancarios, esta zona del país es descrita como un territorio sin ley. Recientemente, se han reportado allí incidentes de linchamientos y ajustes de cuentas.

Ubicada en el centro del país, esta área es también un bastión para un influyente movimiento político. Los seguidores del expresidente han organizado estructuras para garantizar la seguridad de su líder y han manifestado que no permitirán la realización de las elecciones del 17 de agosto si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no inscribe a su referente como candidato para su reelección.

A menos de dos meses de los comicios y a un mes del inicio del operativo de traslado de las maletas electorales a nivel nacional, el TSE ha asegurado que su actuación se enmarcará estrictamente en lo que dicta la Constitución. La institución prioriza el diálogo como primera instancia, pero también garantiza que, siempre bajo el amparo de la Carta Magna, se hará respetar el derecho de toda la población a elegir a sus nuevos gobernantes mediante el voto popular. Un vocal del TSE enfatizó que se salvaguardará el derecho constitucional al sufragio, una labor que también requiere el apoyo de los gobiernos departamentales y municipales, junto con las entidades de seguridad. Si bien se respeta el derecho a la libre expresión, la autoridad señaló que, ante acciones de hecho que busquen obstaculizar el proceso, se buscarán los mecanismos adecuados para asegurar su cumplimiento. El Tribunal agotará todas las vías para cumplir su rol constitucional de garantizar el derecho efectivo al voto, priorizando el diálogo en cualquier situación específica. En caso de que se presenten acciones que intenten frenar el proceso electoral, los jueces electorales, ya en funciones, actuarán conforme a las normas electorales, aplicando la justicia que corresponda ante delitos electorales tipificados en la Ley de Régimen Electoral.

Por su parte, el Gobierno nacional se ha limitado a reiterar que en la región operan organizaciones paraestatales y no ha establecido una fecha para el retorno de la presencia estatal permanente, incluyendo a la Policía Boliviana y el Ministerio Público, entre otras instancias. Las autoridades gubernamentales observan un control político del territorio en la zona. El Ministro de Obras Públicas denunció recientemente que la infraestructura del aeropuerto de Chimoré ha sido tomada irregularmente por gente vandálica desde hace más de tres semanas. Según el ministro, se han introducido piedras y palos, y se han provocado quemas en la plataforma de la pista, lo que impide el cumplimiento de la seguridad operativa necesaria para un aeropuerto. Adicionalmente, los maestros que trabajan en la región han reportado que no pueden acceder a sus salarios debido a que el Banco Unión, una entidad estatal, no opera desde los bloqueos y enfrentamientos ocurridos en mayo.

Las autoridades del Gobierno nacional no son ajenas a esta situación y han elevado la denuncia ante organismos internacionales, como la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En dicha instancia, la canciller alertó que los episodios de violencia, que han resultado en la muerte de policías y civiles, junto con las persistentes amenazas, ponen en riesgo la celebración pacífica y soberana de las elecciones generales del 17 de agosto. El viceministro de Régimen Interior, por su parte, afirmó que el control político del territorio del Chapare, que llevó a la expulsión de la Policía, está vinculado a actividades de narcotráfico, sugiriendo que la resistencia a la presencia estatal busca evitar el control sobre estas actividades ilícitas.

Desde el corazón del Chapare, un centro neurálgico para el movimiento político, se han emitido pronunciamientos contundentes. Una figura política aliada del expresidente, cuyo partido había sido inhabilitado previamente por el TSE, ha declarado enfáticamente que si en las papeletas de las elecciones (…) no se encuentra nuestro candidato Evo Morales Ayma, ¡no va a haber elecciones!. Esta postura sigue un guion establecido desde principios de mayo, cuando dirigentes del movimiento anunciaron una batalla final para lograr la inscripción de Morales, con voces como las de Ponciano Colque y Enrique Mamani, entre otros, quienes lanzaron amenazas similares y que actualmente se encuentran en prisión preventiva. Esta consigna de defensa es compartida por los seguidores del movimiento no solo en Chapare, sino también en El Alto y por parlamentarios afines.

Las advertencias del movimiento no solo se dirigen al TSE, sino también a los candidatos de otras organizaciones políticas. Un dirigente de los interculturales manifestó que si el expresidente no figura en la papeleta, no habrá elecciones, y que ningún candidato considerado traidor tendrá permitido ingresar a su territorio para realizar campañas. Asimismo, se ha reportado la expulsión de Eliana Condori, Vladimir Zalles y Wilfredo Pérez Montaño por postularse por partidos ajenos al proyecto del movimiento, tildándolos de traidores. Todas estas acciones y declaraciones provienen de Lauca Ñ, el epicentro del Chapare, una región donde no hay presencia policial oficial, pero sí una guardia sindical que ha establecido varios puntos de control para resguardar al expresidente.

Un legislador afín al movimiento ha reiterado que el único candidato a la presidencia es y será el expresidente, y que aún existe la posibilidad de que el partido previamente inhabilitado sea rehabilitado tras un supuesto fallo de una sala constitucional. Según el legislador, el expresidente aún dispone de dos plazos para registrarse: uno hasta principios de julio y otro hasta tres días antes de las elecciones del 17 de agosto