El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha emitido una resolución que inhabilita al candidato a la gobernación, Mario Cossío Cortez, y ordena su exclusión
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha emitido una resolución que inhabilita al candidato a la gobernación, Mario Cossío Cortez, y ordena su exclusión de la papeleta electoral. Esta decisión ha generado una fuerte reacción por parte de su partido, Camino Democrático al Cambio (CDC), cuyo vocero Mauricio Lea Plaza confirmó la notificación y expresó su profunda preocupación por el proceso y las implicaciones que esta medida conlleva para la contienda electoral.
La notificación llegó a través de un mensaje de WhatsApp, un hecho que ya de por sí genera cuestionamientos sobre la formalidad y transparencia del procedimiento. Además, el vocero del CDC destacó que hubo una demora considerable de once días para comunicar esta resolución, lo que consideran una estrategia intencional para dilatar el proceso y perjudicar la campaña del candidato. Este retraso no solo afecta la organización interna del partido, sino que también limita el tiempo disponible para preparar una respuesta legal adecuada y defender los derechos políticos de Cossío.
Según Lea Plaza, la resolución presentada por el TSE contiene elementos que califican como absolutamente ilegales. En particular, denuncia que se ha excluido a Cossío del sistema electoral sin respetar los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Esta situación implica una vulneración directa al debido proceso y a los derechos políticos fundamentales del candidato, quienes aún cuentan con recursos legales previstos en la ley electoral para impugnar esta medida.
El vocero enfatizó que el CDC está evaluando interponer recursos jurídicos idóneos para revertir esta inhabilitación. Entre las opciones mencionadas se encuentran el recurso extraordinario de Revisión o mecanismos constitucionales más amplios que permitan garantizar el respeto a los derechos vulnerados. La decisión del TSE también ignora aspectos fundamentales relacionados con el refugio político, pues según Lea Plaza, existe un desconocimiento flagrante de una sentencia constitucional previa —la número 009/2022— que debería haber sido tomada en cuenta para resolver este caso.
Esta situación ha llevado al partido afectado a interponer un Amparo Constitucional con el objetivo de revertir la exclusión y asegurar la participación legítima de Cossío en las elecciones. Sin embargo, la audiencia correspondiente estaba programada para días posteriores a la notificación, lo cual reduce significativamente las posibilidades de una resolución oportuna dada la proximidad del proceso electoral. El vocero calificó como inaudito este proceder por parte del TSE y denunció un sesgo evidente en favor de otro candidato, lo cual afecta directamente los principios democráticos que deben regir todo proceso electoral.
Lea Plaza también hizo hincapié en que esta decisión no solo afecta al candidato sino también a toda la población involucrada en estos comicios, pues limita las opciones políticas disponibles para los votantes y socava la confianza en las instituciones electorales. La percepción es que el órgano electoral ha adoptado una postura parcializada y discriminatoria, contraria a los valores democráticos esenciales.
En este contexto, Camino Democrático al Cambio mantiene firme su compromiso con continuar en carrera electoral y buscará mediante recursos legales restablecer los derechos políticos de su candidato. La situación pone sobre la mesa un debate relevante acerca del respeto al debido proceso dentro del sistema electoral y sobre cómo se garantizan las garantías constitucionales durante procesos tan cruciales como unas elecciones regionales.
La controversia también evidencia las dificultades y tensiones existentes entre actores políticos e instituciones electorales cuando existen interpretaciones divergentes o posibles incumplimientos normativos. Más allá del caso particular de Mario Cossío Cortez, esta disputa subraya la importancia de contar con mecanismos claros, justos e imparciales para dirimir conflictos electorales sin afectar el desarrollo democrático ni restringir indebidamente los derechos políticos ciudadanos.
En definitiva, mientras se analizan las vías legales más adecuadas para revertir esta inhabilitación, queda claro que este episodio representa un desafío significativo para el sistema electoral y pone en debate la transparencia e integridad del proceso comicial ante toda la población involucrada. La resolución final tendrá repercusiones no solo para las partes directamente afectadas sino también para el fortalecimiento o debilitamiento de las garantías democráticas en futuras elecciones
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