El proceso de preselección de vocales electorales atraviesa una creciente judicialización debido a la presentación de acciones legales por parte de po
El proceso de preselección de vocales electorales atraviesa una creciente judicialización debido a la presentación de acciones legales por parte de postulantes inhabilitados, quienes alegan vulneración de sus derechos y cuestionan la imposición de requisitos no contemplados en las convocatorias oficiales.
En una de las regiones, seis aspirantes a vocales del Tribunal Departamental Electoral impugnaron ante la justicia la exigencia de un certificado actualizado que acredite el dominio de un idioma nativo, requisito que no estaba claramente especificado en la convocatoria original. Entre quienes interpusieron estas acciones se encuentran Juan José Ibáñez Flores, Aruchari Cuellar, Wilfredo Walter, Leidy Leila Escobar García, Juan Carlos Mendoza Verduguez, José Ernesto Linares Mercado y Juana Atanacia Maturano Trigo. Esta última, exdelegada de la Defensoría del Pueblo, calificó de arbitraria la decisión de la Asamblea Legislativa Departamental, que observó a 46 postulantes por este motivo. Además, criticó que se hayan añadido condiciones adicionales a diferencia de la convocatoria nacional, lo que restringió la participación.
El abogado constitucionalista Jaime Hurtado señaló que, debido a los plazos reducidos y la naturaleza preclusiva del proceso, incluso si se concede la tutela, es probable que el procedimiento continúe sin modificar la designación final, ya que las listas avanzan hacia instancias superiores.
A nivel nacional, la situación también ha tenido repercusiones judiciales. La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa fue notificada tras la admisión de un amparo constitucional presentado por la postulante María Cristina Claros, quien había sido inhabilitada previamente. El juzgado correspondiente ordenó su reincorporación provisional para que pueda continuar con las etapas de evaluación, que incluyen méritos, conocimientos y probidad, mientras se resuelve el fondo del recurso. Claros aclaró que esta medida no suspende el proceso, sino que únicamente le permite participar de manera temporal ante una inhabilitación que considera injusta.
La senadora María Elena Pachacute expresó preocupación por el impacto que estas acciones legales podrían tener en el cronograma establecido, advirtiendo que podrían abrir precedentes para que otros inhabilitados presenten recursos similares. Sin embargo, aseguró que la Comisión actuará con transparencia y rapidez para evitar retrasos en la preselección.
En este contexto, las resoluciones judiciales están modificando el curso del proceso, generando un nuevo episodio de tensión institucional en la selección de autoridades electorales, la cual se ha visto afectada por cuestionamientos, limitaciones temporales y una fuerte carga política
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