Tribunal Constitucional aclara que renuncia de juez no implica sustitución automática ni libre elección de reemplazo

Un profundo debate constitucional ha surgido en torno a la continuidad de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), intensificándose tras las recientes declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La controversia se centra en la validez de los mandatos extendidos de algunos miembros del TCP y los mecanismos legítimos para su reemplazo.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, exigió públicamente, a través de sus plataformas digitales, la renuncia de cinco magistrados del TCP, a quienes calificó de haber prolongado sus funciones de manera irregular. Saucedo acusó a estos funcionarios de causar perjuicio al país y de debilitar la institucionalidad judicial.

En respuesta a estas afirmaciones, algunos magistrados del TCP han expresado una postura clara, aunque aún se espera una comunicación oficial de la institución. Según su interpretación, la única vía constitucional para la sustitución de los magistrados del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura es mediante el voto popular. Enfatizan que la Asamblea Legislativa Plurinacional carece de la potestad para destituirlos de sus cargos.

Fuentes cercanas al TCP han señalado su sorpresa ante el cambio de posición manifestado por el presidente del TSJ. Recordaron que, hace apenas un mes, ambas instituciones celebraron una Sala Plena conjunta para la designación de vocales constitucionales. Además, se ha destacado que, a principios de año, el propio Saucedo reconoció la necesidad de coexistir con los magistrados con mandato extendido hasta que se eligieran sus reemplazos por sufragio universal. Esta alteración en su postura, tras ocho meses de coordinación y en un momento electoral crucial, ha generado interrogantes.

La posición de los magistrados del TCP se fundamenta en el marco legal vigente. El artículo 158.I.5 de la Constitución Política del Estado establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la facultad de preseleccionar a los candidatos para las altas magistraturas. Sin embargo, este precepto no le confiere la autoridad para cesar a los magistrados o consejeros. Tal acción, según los magistrados, constituiría no solo una ilegalidad, sino una flagrante intromisión de un órgano en las competencias de otro, lesionando el principio de separación de poderes y socavando el Estado de derecho.

En este contexto, una propuesta legislativa presentada por la senadora Silvia Salame, que plantea el funcionamiento del TCP con solo cuatro magistrados elegidos en diciembre de 2024 y la cesación de los cinco con mandato ampliado mediante una declaración constitucional, ha sido objeto de análisis y preocupación. Esta iniciativa, según la perspectiva de algunos magistrados, podría generar un vacío jurisdiccional transitorio en el tribunal de cierre, debilitar la norma suprema al desconocerla e incumplirla, y romper el equilibrio de poderes, elementos esenciales para cualquier Estado de derecho.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el presidente del TSJ se pronuncia sobre la situación de los magistrados del TCP con mandato extendido. Previamente, en julio, durante la conmemoración de la instalación de la extinta Corte Suprema de Justicia, Saucedo instó al entonces presidente del TCP a garantizar la certidumbre en las elecciones generales y a evitar cualquier menoscabo a las atribuciones constitucionales del TSJ en la designación de vocales constitucionales, proceso que debía realizarse en una Sala Plena conjunta con el TCP