Tribunal Agroambiental exige al Gobierno acciones urgentes contra avasallamiento y pide sanciones ejemplares

Ante la reciente ola de ocupaciones ilegales de tierras en la región oriental de Bolivia, el Tribunal Agroambiental ha manifestado su profunda inquietud por la fragilidad de la seguridad jurídica que el Estado ofrece al sector productivo nacional. El presidente de la institución, Richard Christian Méndez, anunció su intención de requerir al Ministerio Público que tome medidas contundentes contra las personas y organizaciones responsables de generar violencia y desasosiego en propiedades privadas.

Méndez enfatizó que la persistencia de procesos de saneamiento inconclusos genera una palpable inseguridad jurídica para el sector productivo. Esta situación, según sus declaraciones, expone a los productores a intrusiones violentas en predios dedicados a actividades esenciales que sustentan la seguridad y soberanía alimentaria del país, lo que impone al Tribunal Agroambiental la obligación de actuar.

La autoridad subrayó que el Tribunal Agroambiental se opone firmemente a cualquier acción o medida de hecho que comprometa la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. Estas acciones violentas están afectando gravemente al sector productivo, el cual, a pesar de las actuales crisis económica y ambiental, es un motor clave para la generación de riqueza en el país y, por ende, demanda una protección efectiva por parte del Estado.

Méndez también expresó su asombro por la aparente inacción del gobierno central, particularmente del Instituto Nacional de Reforma Agraria y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Estas entidades, que tienen la responsabilidad de salvaguardar la propiedad agraria, no han emitido comunicados ni emprendido acciones concretas, lo que, a su juicio, socava la seguridad jurídica y la estructura institucional del país.

El presidente del Tribunal Agroambiental adelantó que la institución emitirá un comunicado oficial para recordar al Estado su deber ineludible de garantizar la propiedad privada, la seguridad y soberanía alimentaria, así como la estabilidad institucional en todo el territorio nacional. Recalcó que los predios afectados son propiedades con derechos legítimos y significativas inversiones, por lo que el Estado no debe permitir la continuidad de estas medidas de hecho