Un conflicto ha emergido entre diversas organizaciones indígenas y sociales en torno a la distribución de viviendas para las víctimas del aluvión que
Un conflicto ha emergido entre diversas organizaciones indígenas y sociales en torno a la distribución de viviendas para las víctimas del aluvión que afectó a Entre Ríos en 2022. René Arebayo, portavoz de Diplomacia de los Pueblos Indígenas Guaraníes y Tikahuazu, ha manifestado su preocupación por la intervención de la organización de mujeres Bartolinas Sisa en el proceso de asignación de estas viviendas, lo que ha intensificado las tensiones y podría derivar en acciones más contundentes si no se encuentra una solución.
El gobierno boliviano había asignado inicialmente 56 viviendas sociales a los afectados por la catástrofe del año pasado, seguido de otras 27 viviendas que se distribuyeron con la colaboración de las comunidades locales. Sin embargo, el malestar surge de la manera en que se están gestionando estas últimas asignaciones.
Arebayo comentó sobre las dificultades que han enfrentado, señalando que la intervención de la organización Bartolinas Sisa en la toma de decisiones sobre a quién se le deben otorgar las viviendas ha menospreciado la autoridad de las organizaciones indígenas competentes. “Hemos tenido malas experiencias debido a la intromisión de esta organización en el proceso de asignación, sin respetar a las autoridades que deben presentar la lista de beneficiarios y llevar a cabo la evaluación correspondiente”, afirmó.
El conflicto se centra en la supuesta invasión de competencias, ya que los líderes guaraníes sostienen que tienen el derecho exclusivo de gestionar proyectos en su territorio, incluyendo la distribución de viviendas a los damnificados.
Arebayo enfatizó que su agrupación no se opone a la entrega de viviendas, sino que exige el respeto a su autonomía y jurisdicción. “Lo único que solicitamos es que no se interfiera en nuestra jurisdicción indígena, y que nosotros, como autoridades, podamos presentar nuestra lista, evaluar el proyecto y gestionar la ejecución de las viviendas en nuestro territorio”, aclaró.
Este reclamo se fundamenta en el reconocimiento que la Constitución boliviana otorga a los derechos de los pueblos indígenas, que incluye la preservación de sus estructuras organizativas y su derecho al autogobierno.
Frente a esta situación, los líderes guaraníes han decidido actuar para proteger lo que consideran sus derechos. Arebayo anunció que se enviará una carta formal a la organización Bartolinas Sisa, pidiéndoles que cesen su intervención en la jurisdicción indígena. No obstante, también advirtió sobre la posibilidad de adoptar medidas más severas si la situación persiste. “Si continúan con esta actitud, nos veremos obligados a considerar otras acciones, como la expulsión de las Bartolinas de nuestro territorio”, concluyó
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