La Asamblea Departamental de Tarija, en su más reciente sesión ordinaria, dio luz verde por mayoría absoluta a una propuesta legislativa impulsada por
La Asamblea Departamental de Tarija, en su más reciente sesión ordinaria, dio luz verde por mayoría absoluta a una propuesta legislativa impulsada por el Gobernador. La norma, denominada Ley para la Disposición de Recursos Financieros Efectivamente Recibidos, tiene como propósito fundamental reajustar el funcionamiento del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija ante el escenario de una merma constante en los ingresos provenientes de las regalías por hidrocarburos.
El aspecto más relevante de esta legislación establece que la ejecución de todos los compromisos económicos adquiridos a través de leyes y decretos departamentales, convenios y otras formas de obligación, estará supeditada a la disponibilidad financiera real y efectiva del Gobierno Departamental. Esta medida surge como respuesta directa a la compleja situación de iliquidez que enfrenta la Gobernación, lo que le impide materialmente cumplir con la totalidad de los compromisos financieros establecidos, una dificultad acrecentada por la disminución mensual de la renta hidrocarburífera. Los datos fiscales reflejan esta realidad: en lo transcurrido del año, hasta mayo, se ha registrado un ingreso inferior en Bs. 45 millones a lo programado, lo que representa un déficit del 29%. Las proyecciones para el cierre del año estiman que la diferencia negativa alcanzará los Bs. 147 millones para diciembre, un 33% por debajo de lo presupuestado inicialmente.
Adicionalmente, la Ley subraya que, en el marco de la autonomía departamental, el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental deberá priorizar la asignación de recursos departamentales para el financiamiento de sus competencias exclusivas. El objetivo es asegurar la atención de los programas y proyectos que son ejecutados directamente por la administración departamental.
La sesión legislativa se caracterizó por un intenso debate. El bloque mayoritario en la Asamblea, identificado como institucionalistas, hizo uso de su superioridad numérica para aprobar la ley, argumentando que esta herramienta es necesaria para enfrentar la delicada coyuntura departamental.
Es importante destacar que esta ley se diferencia sustancialmente de una propuesta anterior de emergencia financiera presentada también por el Gobernador. Mientras aquella se orientaba a la ejecución general de programas y leyes departamentales, la legislación recientemente aprobada se enfoca específicamente en la gestión de la liquidez reducida, consecuencia directa de la menor disponibilidad financiera que actualmente posee la Gobernación
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