El departamento de Tarija, caracterizado por su diversidad de pisos ecológicos, muestra un notable potencial para el desarrollo de la actividad minera
El departamento de Tarija, caracterizado por su diversidad de pisos ecológicos, muestra un notable potencial para el desarrollo de la actividad minera, lo que podría convertirse en una fuente significativa de ingresos económicos, según afirman especialistas en el área.
En la actualidad, la Cámara Minera del departamento reporta la explotación de cuatro minerales clave: yeso y cal en Entre Ríos, piedra caliza en El Puente, y oro en la región del río San Juan del Oro, donde se concentran diversas comunidades.
La diputada Esther Sánchez, quien ha estado monitoreando de cerca esta actividad, indicó que, según datos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en Tupiza, hay 40 empresas registradas, tanto cooperativas como privadas, que operan de forma legal. Sin embargo, se estima que más de 100 empresas realizan actividades de manera ilegal.
Sánchez detalló que en Entre Ríos se encuentran 23 empresas operando legalmente, mientras que en Yunchara y El Puente hay alrededor de 20. Además, más de 39 empresas están en proceso de obtener la certificación necesaria para operar. En los últimos cinco años, las empresas legalmente establecidas han aportado entre 10 y 13 millones de bolivianos en regalías al departamento, que representan el 4% de los ingresos generados, de los cuales el 80% se destina a las gobernaciones y el 20% a los municipios productores.
La diputada también enfatizó que, si toda la actividad minera se llevara a cabo de manera legal, los recursos disponibles serían considerablemente mayores, dado que una parte de las empresas ilegales provoca una fuga de regalías, especialmente en las zonas donde se extrae oro.
Por su parte, Rodolfo Meyer, presidente de la Cámara Minera de Tarija, destacó que una de las principales dificultades que enfrentan las empresas, tanto unipersonales como cooperativas, es la necesidad de trasladarse fuera del departamento para realizar los trámites pertinentes. Actualmente, las 39 empresas que están en proceso deben acudir a la AJAM en Tupiza, Potosí, ya que Tarija no cuenta con una oficina de esta entidad.
Meyer advirtió que esta situación no solo provoca la pérdida de recursos, sino que también lleva a muchas empresas a optar por la operación ilegal. A pesar de las solicitudes realizadas al Ministerio de Hidrocarburos y Minería para establecer una oficina en Tarija, estas gestiones no han fructificado.
Además de obtener la concesión o autorización de la AJAM, cualquier contrato minero debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y las empresas deben contar con una licencia ambiental, así como el consentimiento de las comunidades afectadas por la actividad minera.
Sánchez también mencionó la existencia de un mapeo de tierras restringidas, donde operan muchas empresas ilegales. Estas áreas, localizadas en Rejará, Bermejo, Padcaya, Uriondo y Entre Ríos, contienen minerales que requieren permisos especiales para su extracción, lo que plantea un riesgo significativo. Solo el gobierno nacional y empresas autorizadas pueden operar en estas tierras restringidas.
Recientemente, en agosto de 2024, se llevó a cabo el desmantelamiento de un campamento minero ilegal en la comunidad de Paicho, en El Puente, donde la Cooperativa Minera “Bombori SRL” estaba extrayendo oro sin la debida autorización. Durante la operación, se confiscó maquinaria pesada y otros equipos.
Otro incidente notable ocurrió en 2024, cuando se produjo la ruptura de una piscina de sedimentación de la cooperativa minera Azulejos de Esmoraca, que carecía de licencia ambiental. Los residuos generados contaminaron el río San Juan del Oro y sus afluentes, afectando a aproximadamente 30 comunidades de los municipios de Yunchará y El Puente, así como de Tupiza
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