Cuatro décadas después de la promulgación del Decreto Supremo 21060, y ante la proximidad de nuevas citas electorales, la comunidad de arquitectos de
Cuatro décadas después de la promulgación del Decreto Supremo 21060, y ante la proximidad de nuevas citas electorales, la comunidad de arquitectos de Tarija subraya la urgencia de establecer una agenda urbana robusta. El objetivo es trascender el actual modelo de expansión desordenada y forjar una visión que integre armoniosamente la ciudad, su valioso patrimonio y su singular vocación territorial.
Mientras el Día Mundial del Urbanismo invita a la reflexión global sobre la sostenibilidad y habitabilidad de las ciudades, Tarija se encuentra en una encrucijada particular. A cuarenta años del decreto que reconfiguró la demografía boliviana al relocalizar a miles de mineros, la capital chapaca aún lucha por articular un modelo urbano que concilie su crecimiento con su identidad turística, su riqueza paisajística y las tensiones sociales derivadas de una integración incompleta de sus migrantes internos, quienes hoy son vistos como potenciales visitantes.
La arquitecta urbanista Giovanna Baldivieso Alarcón, una voz prominente en el ámbito de la planificación urbana local, ha observado que el desarrollo de Tarija carece de una guía clara y coherente. Su expansión se ha caracterizado por ser extensiva y fragmentada, impulsada principalmente por la dinámica del mercado de tierras y el crecimiento demográfico, lo que ha relegado los instrumentos de planificación a un papel secundario.
La historia reciente de Tarija es inseparable del impacto del DS 21060, emitido el 29 de agosto de 1985. Este decreto, que marcó el inicio de una nueva era económica en Bolivia, desencadenó el desplazamiento masivo de más de 23,000 mineros, cuyas familias se reubicaron en centros urbanos como El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y, en menor medida, Tarija.
El Día Mundial del Urbanismo, establecido en Bolivia por Decreto Supremo N.º 13037 el 7 de noviembre de 1975, se celebra anualmente el 8 de noviembre desde 1949. Su propósito, impulsado por el urbanista argentino Carlos María della Paolera, es fomentar la planificación urbana sostenible y la creación de comunidades habitables.
La afluencia de población de otras regiones a una ciudad históricamente pequeña y de arraigadas costumbres generó fricciones que persisten. Tarija, que en sus orígenes coloniales ocupaba apenas 34 hectáreas con un trazado de damero, ha experimentado en las últimas tres décadas un incremento del 90% en su área urbana. Sin embargo, este crecimiento ha sido, según el actual presidente del Colegio de Arquitectos de Tarija, Antonio Gonzáles, ilegal y no planificado. Paradójicamente, mientras la mancha urbana se extiende, el crecimiento poblacional se ha estancado, resultando en una urbe desproporcionadamente vasta para su número de habitantes.
Esta situación ha dado lugar a una ciudad de baja densidad, con abundantes terrenos baldíos y una morfología urbana que se asemeja a un mosaico de planimetrías más que a una estructura coherente. Baldivieso explica que estas planimetrías han servido como mecanismos para la consolidación del suelo urbano a través de la ocupación informal, la edificación y la posterior regularización. Este ciclo, a su vez, perpetúa y fomenta la informalidad como método predominante en la configuración del espacio urbano.
Actualmente, dos proyectos viales dominan el debate urbano en Tarija. El Puente 4 de Julio, cuya inauguración se proyecta para diciembre de 2024 tras años de controversias y ajustes, representa una inversión superior a los 70 millones de bolivianos. Aunque el alcalde Johnny Torres lo ha calificado como un monumento al triunfo, su ubicación y su verdadera capacidad para aliviar la congestión vehicular siguen siendo cuestionadas por técnicos y residentes.
Aún más significativa es la Segunda Circunvalación, con un avance superior al 65% para julio de 2025. Este proyecto, que abarca 15.8 kilómetros, cuatro carriles, 12 puentes y seis alcantarillas, implica una inversión que supera los 280 millones de bolivianos. Gonzáles ha expresado sin rodeos que su emplazamiento debió ser diferente y ha alertado sobre la falta de planificación en los aforos vehiculares durante su ejecución.
Baldivieso profundiza en la crítica, señalando que la Segunda Circunvalación ha provocado un aumento en el precio del suelo en sus inmediaciones, estimulando la proliferación de planimetrías, loteamientos y, de manera preocupante, la especulación. Sin una regulación estricta de densidades y usos de suelo, la urbanista advierte que el municipio se verá obligado a asumir costos crecientes y muy elevados para dotar de servicios a estas nuevas zonas que se incorporan sin una lógica de densidad planificada.
El debate se complica cuando algunos funcionarios y sectores económicos proponen a Santa Cruz de la Sierra como modelo a seguir. Baldivieso advierte que el paradigma cruceño, basado en un crecimiento acelerado, expansivo, altamente motorizado y segregador, con una huella urbana extensa, contradice profundamente la escala, identidad y vocación de Tarija. Para ella, Tarija debe extraer lecciones de otros modelos, no replicarlos ciegamente. Gonzáles coincide, enfatizando que Santa Cruz y Tarija son realidades urbanísticas muy distintas. Además, reflexiona sobre la correlación entre mayor crecimiento y el aumento de la contaminación urbana, así como la aparición de problemas sociales como la basura, la polución, el caos vehicular y otros males que suelen ser menos visibles en ciudades más pequeñas.
Si Tarija aspira a que el turismo sea su motor económico ante el declive de las regalías hidrocarburíferas, debe confrontar una contradicción histórica. Una ciudad que en el pasado recibió a migrantes nacionales con reticencia, ahora los necesita también como visitantes. Las tensiones de las élites tarijeñas, surgidas de la difícil integración post-1985, chocan con el discurso oficial de la hospitalidad chapaca.
Baldivieso sugiere que, si bien Tarija posee un valor innegable en su riqueza natural y el enoturismo como marca distintiva, su vocación no debe ser única ni excluyente. Propone proyectar la ciudad hacia el Turismo Sostenible y consolidarla como Ciudad Cultural, un concepto que va más allá de museos o teatros, proyectándose como una ciudad de proximidad y de barrio, donde lo público y lo privado se articulan en función de la comunidad.
Gonzáles resalta que la producción de vino y singani posiciona a Tarija como un destino ideal para los aficionados a la cultura vitivinícola. Sin embargo, también reconoce la riqueza histórica, patrimonial y cultural de la ciudad, con una arquitectura que demanda políticas de protección, promoción y difusión.
El concepto de Paisaje Cultural emerge como un posible eje articulador. Baldivieso explica que este enfoque reconoce el valor patrimonial de la interrelación entre el ser humano y su entorno. En Tarija, esto vincula viñedos, gastronomía, sistemas tradicionales de manejo territorial, quebradas, ríos y las tradiciones chapacas. Adoptar esta perspectiva implica proteger no solo las estructuras físicas, sino también la forma en que la comunidad vive y gestiona su territorio.
Ambos arquitectos convergen en la idea de que el desafío urbano de Tarija no es meramente técnico, sino fundamentalmente político y ciudadano. Baldivieso enfatiza que la ciudad es una construcción colectiva y que requiere una ciudadanía crítica, participativa, informada y consciente de la importancia de su voz. Sostiene que el suelo, un recurso limitado y de alto valor, debe ser percibido como un bien común vinculado a la ciudad colectiva, en lugar de un activo individual o especulativo. En este sentido, es crucial rechazar culturalmente la lógica del loteo informal y las planimetrías como prácticas aceptables.
Gonzáles apela a la responsabilidad individual, afirmando que el respeto por el entorno urbano, social, colectivo y privado es fundamental para valorar la ciudad. Añade que todo ciudadano debe conocer el plan de desarrollo urbano de su ciudad, informarse sobre sus componentes y contribuir a su implementación mediante el respeto de las normas.
Con elecciones regionales en el horizonte y un gobierno nacional que aún no ha delineado políticas urbanas claras, Tarija se encuentra ante una coyuntura crítica. Los instrumentos formales de planificación territorial (PMOT, PDOTT, PTDI) existen, pero su aplicación ha sido fragmentaria. Gonzáles demanda trabajar sobre los aforos y la movilidad vehicular para el Puente 4 de Julio, insistiendo en que las vías son elementos de primer orden en la planificación urbana.
Baldivieso es más categórica, instando a los ciudadanos a exigir transparencia, la actualización de los planes urbanos con respaldo técnico especializado, y a participar activamente en la promoción y cumplimiento de normativas que favorezcan el desarrollo de la ciudad.
La futura agenda urbana deberá definir el tipo de ciudad que se aspira a construir en las próximas décadas, eligiendo un modelo acorde a su identidad territorial única. Esto implica decidir entre la expansión informal impulsada por la especulación del suelo o la implementación de políticas de densificación y espacio público, y declarar si su relación con el paisaje será un bien de consumo para el crecimiento o un patrimonio cultural vivo.
Cuarenta años después del DS 21060, la oportunidad de sanar la herida migratoria y construir una verdadera capital de la sonrisa exige una planificación democrática, una ciudadanía activa y la valentía política para priorizar el bien común sobre los intereses del mercado de tierras
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