La ciudad de Tarija enfrenta una considerable interrupción en su sistema de transporte público, con una estimación que indica la inoperatividad de cer
La ciudad de Tarija enfrenta una considerable interrupción en su sistema de transporte público, con una estimación que indica la inoperatividad de cerca del 70% de sus unidades. Esta paralización se atribuye directamente a la severa escasez de combustibles en las estaciones de servicio locales, impactando significativamente la movilidad urbana y la actividad económica.
Los profesionales del volante se enfrentan a jornadas extenuantes, con esperas que pueden extenderse hasta por tres días para acceder al diésel, un insumo vital para el sector de carga pesada. La imposibilidad de operar no solo afecta sus ingresos, sino que ha provocado situaciones críticas, como la pérdida de productos perecederos transportados, obligando a los operadores a asumir costos de reembolso debido al deterioro de la carga.
Desde el gremio del autotransporte, se ha manifestado una profunda preocupación por lo que consideran una gestión deficiente en el aprovisionamiento de carburantes a nivel nacional. Si bien se reconoce la gravedad de la situación, también se ha expresado escepticismo sobre la efectividad de las medidas de protesta que implican el bloqueo de vías.
Frente a este panorama, el poder legislativo ha avanzado en una propuesta para mitigar la crisis. Recientemente, el Senado aprobó un proyecto de ley diseñado para estabilizar el suministro de combustibles en Tarija y en el resto del territorio nacional. Esta nueva normativa faculta al sector privado, específicamente a las estaciones de servicio, a realizar adquisiciones directas de diésel y gasolina de proveedores internacionales.
El objetivo primordial es asegurar la provisión necesaria para el transporte público y el sector agrícola, elementos cruciales para el mantenimiento del motor productivo del país. Un aspecto clave de esta legislación es que las importaciones se efectuarán sin la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Adicionalmente, para fomentar estas importaciones, la ley contempla la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transacciones (IT) sobre estas operaciones de compra de diésel y gasolina
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