La administración regional de Tarija ha destacado una significativa optimización en la gestión de sus recursos viales, tras la reestructuración del mo
La administración regional de Tarija ha destacado una significativa optimización en la gestión de sus recursos viales, tras la reestructuración del modelo de mantenimiento de caminos. Esta iniciativa, impulsada por la actual gestión departamental, ha generado una economía superior a los 224 millones de bolivianos, consolidando un esquema más eficiente y transparente en la infraestructura caminera.
La decisión de disolver la anterior entidad encargada de la vialidad no fue una medida arbitraria, sino una estrategia fundamental para contener el desangre de fondos públicos y desmantelar una estructura que se consideraba ineficaz. El objetivo primordial era transitar hacia una administración caracterizada por la rendición de cuentas y la consecución de resultados tangibles para la ciudadanía.
Un análisis comparativo de la inversión y el rendimiento vial ilustra la magnitud del cambio. Durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021, la antigua dependencia destinó 260 millones de bolivianos, logrando conservar un promedio de 1.000 kilómetros de vías anualmente. Esto se traducía en un costo aproximado de 86.964 bolivianos por cada kilómetro mantenido.
En contraste, desde la instauración de la actual Dirección de Administración Vial, que abarca los años 2022, 2023 y el presente 2024, la inversión ha sido considerablemente menor, ascendiendo a solo 36 millones de bolivianos. Sin embargo, esta nueva estructura ha logrado mantener más de 2.200 kilómetros de caminos por año, reduciendo drásticamente el costo promedio por kilómetro a apenas 5.565 bolivianos.
Estos datos revelan que se ha conseguido duplicar la cobertura de la red vial con una fracción mínima del presupuesto previo. La administración subraya que esta diferencia radica en una gobernanza responsable, en contraposición a la perpetuación de sistemas que supuestamente beneficiaban a intereses particulares.
Los 224 millones de bolivianos, que antes se perdían en sobreprecios, nóminas abultadas, gastos de viaje desmedidos y adquisiciones cuestionables, ahora se dirigen directamente a la ejecución de obras concretas, la habilitación de rutas funcionales y la conexión de comunidades.
Frente a las críticas de ciertos sectores políticos, la Gobernación ha señalado que estas objeciones no representan una defensa de la infraestructura vial ni de los intereses ciudadanos. Por el contrario, se interpretan como una protección de antiguas redes de poder, acuerdos contractuales irregulares y un estilo de hacer política basado en el favoritismo y el despilfarro. La postura oficial es la de salvaguardar cada boliviano perteneciente a la población de Tarija.
Finalmente, la administración departamental ha reafirmado su firmeza en no ceder ante presiones que evocan prácticas políticas del pasado
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