Tarija exige al gobierno central asumir competencias ante crisis financiera por caída de regalías

La administración departamental de Tarija ha instado nuevamente al gobierno central a asumir las competencias que le corresponden, argumentando una incapacidad financiera para continuar cubriendo obligaciones que, a su juicio, recaen en el nivel nacional. Entre las responsabilidades mencionadas se encuentran el incentivo económico para el personal de salud por vacunación y los estipendios diarios destinados a la población penitenciaria.

La situación económica del gobierno departamental se describe como precaria, principalmente debido a un significativo descenso en los ingresos por regalías de la exportación de gas. Actualmente, estos ingresos se sitúan en aproximadamente 20 millones de bolivianos mensuales. Esta cifra contrasta drásticamente con periodos anteriores, como los 190 millones de bolivianos que se percibían durante la administración interina de Lino Condori, o los cerca de 90 millones de bolivianos gestionados bajo el exgobernador Adrián Oliva. La drástica reducción de estos recursos impide mantener el mismo nivel de responsabilidades asumidas previamente.

Existe una normativa vigente que faculta la asignación de recursos en función de la disponibilidad financiera real. Este principio de racionalidad económica, consagrado en la ley financiera y respaldado por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, establece que solo pueden garantizarse aquellos recursos que efectivamente se perciban. A pesar de este marco legal, se ha denunciado que la gobernación ha sido objeto de débitos de fondos.

Con el objetivo de abordar esta problemática de manera coordinada, se ha programado una reunión de gobernadores en Tarija para este viernes. En dicho encuentro, se espera definir una postura común respecto a los gastos que las administraciones departamentales ya no pueden seguir asumiendo, como el bono de vacunación y los prediarios para reclusos, responsabilidades que se remontan a la era prefectural y que, según la perspectiva departamental, deberían ser asumidas por el Gobierno nacional