La ciudad de Tarija se ha visto sacudida por dos sucesos que evidencian los complejos desafíos de seguridad que enfrenta la comunidad. Por un lado, un
La ciudad de Tarija se ha visto sacudida por dos sucesos que evidencian los complejos desafíos de seguridad que enfrenta la comunidad. Por un lado, una persona fue víctima de un sofisticado fraude digital que resultó en la pérdida total de sus ahorros, mientras que, por otro lado, un caso de agresión familiar concluyó con la liberación del presunto responsable a pesar de la intervención policial. Estos acontecimientos ponen de manifiesto las dificultades que las autoridades tienen para combatir el crimen en el entorno virtual y para salvaguardar a quienes sufren violencia.
En una transacción que buscaba concretar la adquisición de un boleto aéreo, una ciudadana de Tarija fue engañada el pasado 15 de junio. La operación se realizó a través de una plataforma en línea que simulaba ser una aerolínea y mediante comunicación por mensajería instantánea. La víctima efectuó un primer depósito por un monto considerable a una cuenta bancaria específica. Tras este pago, su saldo se vio reducido. Posteriormente, se le indicó que el pago había sido procesado incorrectamente y se le solicitó realizarlo nuevamente, proporcionando instrucciones para un nuevo método de pago. Lamentablemente, esta segunda operación permitió que la totalidad de los fondos disponibles en la cuenta de la víctima fueran sustraídos. Una vez consumado el fraude, el perpetrador bloqueó toda comunicación con la afectada. El incidente ha sido debidamente reportado y se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público, con el objetivo de dar con el paradero del responsable. Las fuerzas de seguridad han asegurado que se brindará el apoyo necesario para cumplir con las diligencias que permitan la identificación del autor.
Este tipo de ilícitos informáticos, que se valen de plataformas de redes sociales y sistemas de pago rápido, han experimentado un notable incremento. Las ofertas de productos a precios considerablemente rebajados actúan como el principal señuelo para atraer a las víctimas. Las autoridades policiales informan que reciben un promedio de una denuncia semanal por estafas mediante este método en la capital. Entidades reguladoras y de supervisión financiera han recibido numerosas quejas relacionadas con fraudes vinculados a transferencias de dinero bajo falsos pretextos de inversiones o compras en línea. Instituciones bancarias han emitido advertencias sobre diversas modalidades de ciberdelitos, como el phishing y el fraude en transacciones comerciales virtuales, donde los delincuentes se hacen pasar por personas o entidades de confianza para obtener información sensible. Se insta a la población a verificar la legitimidad de las cuentas e instituciones antes de realizar cualquier pago y a evitar compartir datos confidenciales a través de canales no seguros. Este tipo de fraude está contemplado en la legislación penal.
En un suceso distinto, ocurrido el 19 de junio, se reportó un caso de violencia en el ámbito familiar en un barrio de la ciudad. Una pareja, en aparente estado de alteración, protagonizó un altercado en el que la mujer presentaba visibles lesiones faciales. A pesar de la reticencia inicial de la víctima a cooperar con las autoridades, la policía intervino de oficio y procedió a la detención del presunto agresor. Durante las indagaciones, testigos del vecindario informaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego. Como resultado de la intervención, se incautó un arma de fuego de fabricación argentina y un casquillo percutado, elementos que fueron remitidos a la fiscalía. Sin embargo, la víctima se negó a brindar declaración, a someterse a una evaluación médica forense o a recibir asistencia del servicio de atención integral municipal. El presunto agresor fue presentado ante un juez, quien determinó su inmediata liberación. La legislación boliviana establece un marco legal para combatir la violencia familiar, definiendo las conductas delictivas, las sanciones y las medidas de protección. Las fuerzas policiales tienen la facultad de actuar sin orden judicial y de presentar los antecedentes ante la autoridad competente en un plazo de 24 horas. El servicio de atención integral municipal desempeña un rol crucial en la lucha contra la violencia de género, ofreciendo apoyo psicológico, social y legal, y puede representar a las víctimas en procesos judiciales incluso si estas no colaboran inicialmente. La ley prohíbe explícitamente la conciliación en casos que pongan en riesgo la vida o la integridad sexual de la víctima. Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del problema, con un elevado número de denuncias de violencia familiar registradas anualmente, la mayoría de las cuales involucran violencia física y tienen a mujeres como principales víctimas. Estos datos subrayan la persistencia de este flagelo y la complejidad de los procesos judiciales, especialmente en situaciones donde la víctima no coopera. Ambos casos ponen de relieve la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, investigación y protección, así como de concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos asociados a las nuevas modalidades de fraude y la importancia de buscar apoyo y denunciar los actos de violencia
COMMENTS