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El departamento de Tarija se enfrenta a un inminente desembolso superior a los 10 millones de bolivianos, una consecuencia directa de la decisión de disolver el Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) hace tres años. Un legislador nacional ha expresado su preocupación por esta carga financiera, señalando que la región está asumiendo los costos de una determinación que, a su juicio, fue caprichosa y se llevó a cabo a pesar de las advertencias sobre su cuestionable legalidad. Esta situación se vuelve más crítica en un escenario donde las administraciones departamentales del país, incluida la de Tarija, anticipan significativos recortes presupuestarios para el próximo año.
La obligación de este pago, que surge de una reciente sentencia constitucional, ha generado un profundo malestar. El representante parlamentario ha cuestionado la equidad de que la población tarijeña deba asumir las repercusiones económicas de una resolución que considera irresponsable.
Este considerable egreso se produce en un momento particularmente delicado para las finanzas departamentales. El presupuesto proyectado para Tarija en 2025 asciende a 536.6 millones de bolivianos, pero se anticipa una nueva realidad económica marcada por una disminución en las transferencias provenientes del gobierno central.
A nivel nacional, la coyuntura económica boliviana también presenta desafíos considerables. La inflación acumulada hasta mayo de 2025 ya ha alcanzado un 9.81%, superando las proyecciones oficiales. Además, la subvención a los combustibles generó un déficit de 502 millones de dólares para YPFB en 2024, lo que ejerce una presión adicional sobre las arcas estatales y, por extensión, sobre los recursos destinados a las regiones.
El legislador también ha alertado sobre otras complejidades inminentes para la administración departamental, como las demandas del sector médico, que requerirán una pronta y efectiva respuesta. En este contexto, ha enfatizado la necesidad de que la autoridad departamental cumpla con sus obligaciones, especialmente en lo referente a los pagos salariales, un aspecto que ha sido fuente de conflictos en el pasado.
La carga de los 10 millones de bolivianos por el caso SEDECA representa un impacto sustancial para Tarija, que ya opera bajo la presión de la reducción de ingresos y la imperiosa necesidad de ajustar sus presupuestos. La gestión de esta deuda y la previsión de futuros compromisos financieros serán cruciales para la estabilidad económica del departamento en los próximos meses
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