En el departamento de Tarija, varios municipios rurales enfrentan una crisis demográfica significativa, particularmente en áreas como Yunchará, El Pue
En el departamento de Tarija, varios municipios rurales enfrentan una crisis demográfica significativa, particularmente en áreas como Yunchará, El Puente, la zona alta de San Lorenzo, Uriondo, Padcaya y la región guaraní de Entre Ríos. La falta de oportunidades en educación y empleo ha provocado un éxodo alarmante de jóvenes hacia las ciudades y otros países, dejando a estas comunidades con una población predominantemente envejecida.
Carlos Jalil, gerente regional de una organización internacional, ha señalado que desde la pandemia de COVID-19, ha sido evidente la disminución de adolescentes en estas áreas rurales. Este fenómeno no es exclusivo de Tarija, ya que también afecta a regiones cercanas como el sur de Chuquisaca y Potosí. Muchos jóvenes, a partir de los 14 años, se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones de vida, ya que sus localidades no ofrecen las oportunidades necesarias para continuar sus estudios o desarrollarse laboralmente.
La migración de estos jóvenes se dirige principalmente hacia ciudades como Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, y también hacia países vecinos como Chile, Argentina y Brasil. La búsqueda de empleo y educación más prometedora se convierte en su principal motivación, especialmente ante la disminución de las capacidades productivas en sus comunidades, exacerbadas por el cambio climático.
La situación ha llevado al alcalde de Yunchará, Agustín Casasola, a confirmar la casi total desaparición de la población juvenil en su municipio. La mayoría de los jóvenes que quedan han optado por migrar en busca de una vida mejor, lo que ha resultado en un panorama donde predominan los adultos mayores. Aquellos que se trasladan a las ciudades suelen encontrar empleo en sectores como la construcción, el servicio doméstico y el comercio informal, muchas veces dejando atrás sus estudios.
El impacto de esta migración se refleja también en el sistema educativo, con el cierre de numerosas escuelas rurales. Marino Valdez, representante de una comunidad local, ha indicado que algunas instituciones que antes contaban con más de 180 alumnos, ahora apenas tienen cinco. Esta drástica reducción en la matrícula escolar subraya la gravedad de la situación.
Francisco Gutiérrez, ejecutivo de una federación de comunidades campesinas, ha expresado su preocupación por la falta de políticas públicas que aborden esta problemática. Gutiérrez enfatiza la necesidad de implementar programas que ofrezcan alternativas educativas y laborales en las comunidades rurales, advirtiendo que de no actuar pronto, el éxodo juvenil continuará y las comunidades se vaciarán aún más.
Las instituciones de derechos humanos también han manifestado su inquietud por la vulnerabilidad que enfrentan los jóvenes migrantes. Rosa Colpari, exresponsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ha señalado que muchos adolescentes sufren violaciones a sus derechos, incluyendo abusos físicos y psicológicos, a menudo en el contexto de la búsqueda de empleo.
La escasez de programas educativos y recreativos en las áreas rurales obliga a muchos jóvenes a trasladarse a entornos urbanos, donde se enfrentan a riesgos significativos como la violencia y la explotación. Esta migración no solo afecta a las familias, sino que también amenaza la sostenibilidad de la vida rural, con una disminución de la mano de obra agrícola y un aumento en la despoblación.
El desafío para las autoridades es considerable, pero esencial. La implementación de iniciativas que fomenten el desarrollo rural, la creación de oportunidades educativas y laborales, y la mitigación de los efectos del cambio climático son pasos cruciales para abordar esta crisis y revitalizar las comunidades rurales en Tarija
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