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El pasado 10 de diciembre se celebró el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito que fue marcado en Tarija con un pronunciamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en el que se expresó una firme condena a las violaciones de derechos que se han registrado a manos de diversas entidades estatales.
Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea, informó que durante el año 2024 se han documentado más de 120 casos de violaciones a los derechos humanos, de los cuales el 45% afecta a personas mayores. Esta situación pone de manifiesto la discriminación que enfrentan estos individuos en su acceso a servicios institucionales, además de la desafiliación de muchos de ellos de sus organizaciones comunitarias.
El pronunciamiento también destacó diversas formas de maltrato, que incluyen el despojo de tierras, violencia psicológica, y obstáculos significativos para el acceso a la salud y a servicios básicos. Asimismo, se mencionaron las dificultades para realizar trámites administrativos y el cobro de pensiones.
Otro tema abordado por la Asamblea fue la situación en la reserva de flora y fauna de Tariquia. Según Herrera, el acuerdo establecido con las comunidades sobre la defensa del medio ambiente no se ha respetado. A pesar de que defender el medio ambiente es considerado una forma de defender los derechos humanos, 28 ciudadanos han sido denunciados ante la fiscalía del Municipio de Entre Ríos.
En este contexto, Herrera subrayó que el sistema judicial es uno de los principales responsables de la vulneración de derechos. Actualmente, las cárceles del país enfrentan un problema de hacinamiento, siendo el penal de Morros Blancos en Tarija un ejemplo, con más de 1,200 internos.
La presidenta de la Asamblea también criticó la falta de independencia del sistema judicial, señalando que en los últimos años ha habido un deterioro notable en la actuación de sus autoridades. Mencionó que hay 208 casos de personas que han sido afectadas por el sistema judicial, lo que evidencia una crisis estructural.
Además, Herrera abordó la difícil situación económica que vive el país, marcada por la escasez de combustible y el aumento de los precios de los alimentos. Calificó esta situación como un ataque a los derechos económicos y a la salud de la población por parte de las autoridades.
La presidenta expresó su preocupación por la creciente desesperación en muchas familias, con un incremento del 40% en el costo de la canasta básica. Esta crisis ha dejado a muchos sin empleo, y tanto la gobernación como el municipio han amenazado con despidos adicionales, lo que agrava el panorama para el disfrute de los derechos humanos en la región
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