Tarija analiza reducción de asambleístas departamentales en busca de eficiencia y consenso

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) ha iniciado recientemente el análisis de una propuesta legislativa clave destinada a la disminución del número de asambleístas departamentales. Este proceso, que comenzó en una sesión plenaria, busca establecer una estructura más eficiente para la representación legislativa en la región.

Para asegurar la aprobación de esta iniciativa, se ha implementado una estrategia que contempla votaciones sucesivas, con el objetivo de alcanzar la mayoría calificada de dos tercios necesaria. Actualmente, se han presentado dos alternativas principales, producto de diversas reuniones de concertación. La primera de ellas propone una composición de 18 asambleístas, distribuidos en dos por provincia, tres representantes de pueblos indígenas y tres electos por población. La segunda opción plantea una reducción más significativa, dejando un total de 11 asambleístas: uno por cada provincia (territorial), uno para los pueblos indígenas y cuatro electos por población.

Si bien ambas propuestas cuentan con un respaldo considerable entre los legisladores, aún no se ha logrado un consenso que permita obtener los dos tercios requeridos para su aprobación definitiva. Ante esta situación, la sesión ha sido declarada en cuarto intermedio y se reanudará el próximo miércoles. Se espera que en esa fecha se retome el debate sobre las alternativas y, mediante un proceso de aproximaciones sucesivas y votaciones, se consiga el apoyo necesario para modificar el Estatuto Autonómico de Tarija. Existe una clara disposición por parte de la mayoría de los miembros de la Asamblea para avanzar con esta legislación.

En cuanto a los plazos para la implementación de esta reforma, que permitiría aplicar la reducción de asambleístas en las próximas elecciones subnacionales, los tiempos son sumamente ajustados. Aunque la normativa establece ciertos periodos, como el que requiere el Tribunal Constitucional para evaluar la constitucionalidad de la reforma estatutaria, se considera que estos podrían acortarse si existiera una voluntad política decidida por parte de las instituciones involucradas. El esfuerzo se centra en lograr que la reducción sea efectiva para la siguiente gestión.

Una dificultad adicional radica en la posible superposición con el calendario de las elecciones nacionales. Sin embargo, se subraya la importancia de persistir en los esfuerzos. La eventualidad de que las elecciones nacionales se definan en una primera vuelta podría ser un factor determinante para ganar tiempo, facilitando así la consulta y reforma estatutaria, y posibilitando que la disminución en el número de asambleístas se aplique en los comicios subnacionales del año venidero.

Paralelamente, la Asamblea Departamental deberá abordar la Ley del Régimen Electoral Departamental para adecuarla a esta nueva configuración. Se han considerado también algunas alternativas en caso de que no sea factible realizar el referéndum. A pesar de los desafíos inherentes a un escenario político fragmentado y la complejidad de alcanzar acuerdos, la Asamblea tiene el deber de aprobar esta ley con la mayoría calificada. Se lamenta el tiempo transcurrido hasta el momento sin que esta normativa haya sido aprobada, pero existe una voluntad manifiesta en la presente gestión para concretar su aprobación a la brevedad